El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que, con base en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial giró órdenes de aprehensión contra servidores públicos implicados en la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El mandatario afirmó que los crímenes cometidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, son una espina clavada, algo que duele a México, y no va a quedar en el olvido, por lo que no hay ningún límite a las investigaciones en curso e incluso se permitiría al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) interrogar a mandos militares. Debe recordarse que esto último ha sido una demanda reiterada de los familiares de los estudiantes y de las organizaciones que los acompañan en su búsqueda de justicia.

La emisión de las órdenes de captura constituye sin duda una noticia positiva en un caso cuya resolución ya ha demorado más tiempo del tolerable, y cabe esperar que pronto se concrete en los buenos resultados ofrecidos por el titular del Ejecutivo. Con todo, sería pertinente que la Fiscalía aporte a la sociedad información adicional que permita conocer el estado de las investigaciones y los avances para poner fin a la impunidad con que hasta ahora se ha saldado este episodio emblemático de violación a los derechos humanos. Lo anterior, en el entendido de que cualquier informe ha de atenerse al sigilo indispensable en un caso tan delicado, así como al respeto irrestricto al debido proceso que, de no observarse, podría brindar un nuevo parapeto jurídico a la impunidad de los responsables.

Sin embargo, el prudente optimismo que permiten los dichos del Presidente se ve ensombrecido por el llamado de atención que emitió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En un extenso comunicado, advirtió que el decreto de medidas de austeridad en la administración pública federal, en razón del cual deberá recortar tres cuartas partes de su gasto operativo, frenaría sus actividades esenciales y paralizaría su funcionamiento. Según se detalla en el documento, la comisión es particularmente vulnerable ante cualquier recorte presupuestal debido a las carencias estructurales que arrastra desde su origen: no es propietaria de ninguno de los inmuebles en los que opera, la mayor parte de sus servicios están subcontratados y un alto porcentaje de su personal labora “en forma irregular, con plazas eventuales y de outsourcing”. Al mismo tiempo, la CEAV enfrenta millonarias costas legales a raíz de 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales heredados por administraciones anteriores.

Está claro que un recorte como el decretado sería letal para el organismo, pero también, y de manera más alarmante, para las víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros delitos y violaciones a los derechos humanos. No es menos evidente que dejar en la desprotección a las 7 mil 200 personas atendidas cada mes por la CEAV sería una revictimización masiva e inadmisible por parte del Estado mexicano.

Si no se puede quitar el dedo del renglón en lo que respecta al caso Iguala, tampoco sería aceptable hacerlo ante las víctimas de otras graves violencias ocurridas en el pasado reciente: aunque ciertamente no se puede responsabilizar a la actual administración por las faltas que cometieron sus antecesoras, la atención a las víctimas sí forma parte de sus obligaciones ineludibles. Por tanto, es urgente que el gobierno federal rectifique su postura o, si decide proceder con el recorte decretado, establezca los mecanismos para brindar a las víctimas protección, hospedaje, alimentación, atención médica y sicológica, asesoría jurídica y, en suma, todos los elementos que implica el resarcimiento integral del daño en tanto no se cumpla el más importante de ellos: la impartición de justicia.