Como se ha consignado en este espacio, el confinamiento al que millones de personas se han visto obligadas debido a la pandemia de SARS-CoV-2 tiene como uno de sus efectos más deplorables un incremento en la ya de por sí alarmante violencia de género que enfrenta el país.

Esta realidad fue reconocida ayer por Gemma Santana Medina, directora de la Agenda 2030 en la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, quien informó que durante abril los centros de refugio atendieron a 77 por ciento más de niñas, niños y mujeres que en el mismo periodo de 2019, mientras los rescates de mujeres pasaron de uno al mes durante al año pasado a 19 en lo que va de 2020.

En este contexto, el lunes pasado la Secretaría de Gobernación firmó con el Fondo de Población de Naciones Unidas en México (UNFPA) un convenio marco de cooperación técnica, con el fin de impulsar la estrategia nacional de protección integral para las mujeres y niñas víctimas de violencia de género. Entre sus objetivos concretos, dicho acuerdo busca facilitar la implementación de servicios esenciales, acciones en materia de población y desarrollo, así como la promoción del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.

De manera adicional, la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, anunció que el gobierno federal trabaja para definir acciones urgentes de atención en la materia durante la etapa de confinamiento por la crisis sanitaria en curso, e informó que solicitará a la Secretaría de Hacienda garantías sobre los recursos de aquellos programas que forman parte de los derechos humanos de género.

Cabe saludar que tanto la encargada de la política interna como una funcionaria adscrita a la oficina del Ejecutivo federal reconozcan el fenómeno de la violencia de género y su agravamiento en la actual coyuntura, pues ello supone un punto de partida indispensable para cualquier avance en esta materia. Asimismo, es de esperarse que la autoridad hacendaria canalice sin dilación todos los recursos requeridos por el esfuerzo oficial para librar a mujeres y niñas de todas las formas de agresión de las que son víctimas, y que cada una de las acciones tomadas en este sentido reciba un seguimiento puntual que garantice su eficacia.

En la consecución de estas metas no puede pretextarse la innegable merma que la pandemia y su estela de destrucción económica suponen para los recursos, tanto materiales como humanos, a disposición de las autoridades: la atención a las mujeres en riesgo de muerte por violencia no es y no puede ser menos prioritaria que la atención a los enfermos graves de Covid-19; unas y otros demandan la acción urgente del Estado en sus tres niveles de gobierno.