En las cinco semanas transcurridas del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, las asignaciones presupuestales ha sido uno de los asuntos más polémicos y que ha suscitado mayores disensos y expresiones de descontento. Los cambios han tenido en consecuencia protestas institucionales –como las de varias universidades–, sectoriales, gremiales y sociales, y se han traducido en despidos en algunas áreas de la administración pública.

Sería tan improcedente desconocer la pertinencia de algunos reclamos particulares como abstenerse de poner en perspectiva histórica la actual situación. Debe recordarse, a este respecto, que año con año la aprobación del Presupuesto de Egresos genera descontentos por la simple razón de que los recursos no son ilimitados y no hay forma de repartirlos a satisfacción de todos. Ha de señalarse, asimismo, que en cada transición sexenal se llevan a cabo movimientos de personal, particularmente de empleados de confianza, ocurren retrasos en los pagos y se presentan reducciones o cancelaciones de programas gubernamentales.

Esas situaciones son particularmente acentuadas cuando el cambio de gobierno conlleva una alternancia de partidos, como ocurrió entre las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

A lo anterior debe agregarse que muchos afectados por los ceses se han situado de tiempo atrás en el bando de los adversarios acérrimos de López Obrador, y las oposiciones políticas –tampoco los propios partidarios del actual presidente– no parecen haber superado aún el desconcierto de las elecciones del primero de julio anterior.

Las autoridades tienen ante sí el deber de revisar circunstancias y casos específicos en los cuales hubieran podido cometerse injusticias o errores y de separar, para ello, los reclamos fundados de las críticas apriorísticas y de los intentos por capitalizar el cambio de gobierno por mera táctica opositora. Al mismo tiempo, quienes descalifican al actual gobierno por los crujidos del aparato administrativo deberían tomar en cuenta que el país asiste a una reorientación presupuestal sin precedente en función de un programa de gobierno que se ha planteado una transformación nacional de fondo que en su momento dio cauce electoral a los anhelos y las insatisfacciones de la mayoría de los ciudadanos y que, de manera inevitable, está sacudiendo al aparato gubernamental y a las instituciones en una forma hasta ahora inédita.

La prudencia y la serenidad son, en suma, actitudes necesarias en todos los campos. Al fin de cuentas, los cambios en la administración pública ya eran impostergables y, habida cuenta de las enormes diferencias entre el gobierno que terminó el 30 de noviembre y el que empezó al día siguiente, lo sorprendente no es que tales variaciones ocurran sino que no hayan sido, hasta ahora, mucho más problemáticas.