Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

El primero de diciembre pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró en el Zócalo una de sus promesas de mayor crédito entre los votantes: No se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente. Lo dijo tras confirmar la negativa de su gobierno a permitir métodos extractivos que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua. En medio de alusiones al papel que deberemos asumir los ciudadanos en la declarada Cuarta Transformación (4T), cerró su intervención con una sentida petición: No me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada. Si bien el llamado a gobernar con y para el pueblo se ha traducido en el cumplimiento de importantes promesas de campaña, lo cierto es que muchos poderes fácticos han logrado infiltrar al nuevo gobierno para intentar detener el cambio verdadero. De ahí que en resonancia con su demanda de no dejarlo solo, es urgente alertar a AMLO desde la ciudadanía para impedir que sus antiguos detractores terminen por controlar áreas clave de la política pública. Uno de los casos más alarmantes es la Secretaría de Economía (SE), cuya titular, Graciela Márquez, entregó importantes sectores de esa dependencia a los corporativos mineros mexicanos e internacionales.

Márquez, con desprecio absoluto hacia las luchas socioambientales surgidas en los 20 años recientes para defender el territorio y enfrentar los despojos, ilegalidades y amenazas que las mineras han practicado al amparo de una inconstitucional ley minera, instaló en la Subsecretaría de Minería a operadores de los corporativos mineros. Bajo un mediocre discurso sobre crear riqueza, Márquez convenció a AMLO para entregar dicha subsecretaría a Francisco Quiroga, funcionario de la SE en los gobiernos de Zedillo y Fox, y posteriormente empleado de las mineras y comercializadoras de hierro Grupo Villacero, Coutinho&Ferrostaal y ArcelorMittal, esta última con un historial de abusos laborales, despojo a comunidades indígenas y daños al ambiente. El papel de Quiroga al servicio del capital minero quedó evidenciado el 9 de diciembre, cuando fue llevado por la minera canadiense Almaden Minerals a Sotoltepec, en Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, para mostrar a los pobladores el supuesto apoyo de AMLO al depredador proyecto de megaminería a cielo abierto que dicha trasnacional pretende imponer en la región. En una junta informativa patrocinada por la minera, Quiroga se manejó como fiel empleado de los canadienses, fustigó a los opositores al proyecto e ignoró que la comunidad nahua de Tecoltemi mantiene una exitosa lucha jurídica contra la SE para cancelar las concesiones de la empresa y evitar el ecocidio. A pesar de haber sido informada de la conducta de Quiroga, la secretaria Márquez no lo ha destituido.

Otra prueba inobjetable de cómo los corporativos mineros se han hecho con parte de la SE lo tenemos en la Dirección General de Minas. En noviembre, durante una reunión en Saltillo ante representantes del sector minero, el senador por Morena y empresario minero Armando Guadiana anunció que la próxima directora de minas sería Laura Díaz Nieves, experta en derecho minero y socia fundadora de Díaz, Bouchot y Raya Abogados (DBR). Díaz, quien asumió el cargo el primero de diciembre, ha trabajado por muchos años en la defensa de corporativos mineros canadienses. Ha sido desde 2013 integrante del consejo directivo de la minera canadiense Goldplay Exploration, posición que presuntamente habría dejado el 30 de noviembre, pero en la que sigue apareciendo hasta hoy, incurriendo en un conflicto de intereses por el que debería ser destituida e investigada. En reciente entrevista, Díaz informó haber renunciado a su posición en DBR; sin embargo, todas sus declaraciones de funcionaria la muestran como gestora de los intereses mineros. En 2016 la misma Díaz declaró que la Dirección de Minas del gobierno de México debería estar en manos de promotores de la industria minera, además de afirmar que en la próxima administración, sin importar el resultado electoral, el sector minero no se vería afectado, porque eso sería como matar al ganso que pone los huevos de oro.

El papel de Quiroga y Díaz como caballos de Troya de los corporativos mineros no se explica sin la participación del senador Guadiana, priísta por décadas, empresario de cuestionada reputación, amigo de los Moreira y un oportunista que se subió al barco de Morena. Defensor del aeropuerto en Texcoco, Guadiana bloqueó la iniciativa de reforma a la ley minera presentada en noviembre por la senadora Angélica García, que incluía, entre otras propuestas, la declaratoria de zonas inviables de explotación por impacto social negativo. Guadiana no dudó en confesar que las mineras, aun las canadienses, lo llamaron para que pusiera orden, reconociendo su labor como operador político de los capitales mineros, tal como ocurría en tiempos de lo que AMLO llama el viejo régimen.

Si la 4T aspira a trascender como epíteto de una época históricamente destacable, debe erradicar el actual modelo extractivo sustentado en megaminería devastadora de territorios, patrimonios bioculturales y comunidades, y dejar de ser el ganso de los huevos de oro de los operadores de los capitales mineros.