En respuesta a solicitudes de la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) canceló ayer dos rondas de licitaciones para asignar a empresas privadas diversas áreas terrestres de Veracruz, Tabasco y Chiapas, equivalentes a 4 mil 681 kilómetros cuadrados. Asimismo, el órgano regulador acordó diferir hasta agosto una convocatoria a corporaciones particulares para asociaciones estratégicas con Petróleos Mexicanos (Pemex) en áreas terrestres de 300 kilómetros cuadrados en Tamaulipas y 37 áreas terrestres de dimensiones no especificadas en Burgos, Tampico-Misantla-Veracruz y cuencas del sureste.

Luego de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales del primero de julio, la CNH reiteró que las licitaciones programadas en la administración anterior se llevarían a cabo a pesar del cambio de gobierno. Sin embargo, tras el exhorto de la Sener, hecho el lunes anterior para que revisara los alcances del proceso de licitaciones y evaluara los resultados y avances de los contratos vigentes de exploración y extracción de hidrocarburos, el órgano regulador terminó por dar marcha atrás.

Los hechos comentados representan un viraje histórico en la política petrolera implantada tras la aprobación de la reforma energética, en 2014, que consistió en entregar a manos llenas concesiones a corporaciones privadas extranjeras y nacionales, en condiciones de mínimo control y verificación del cumplimiento de los términos contractuales, y en restringir al máximo posible las actividades de Pemex.

En consecuencia, la producción nacional de hidrocarburos se desplomó, los concesionarios se quedaron muy por debajo de los volúmenes de extracción que el gobierno de Enrique Peña Nieto había prometido alcanzar y, lo peor, la renta petrolera del país, que llegó a representar 40 centavos de cada peso del presupuesto público, se redujo en 50 por ciento, lo que explica la concatenación de la reforma energética con una reforma fiscal que habría de compensar por la vía impositiva los recursos que el Estado iba a dejar de percibir por ventas de petróleo.

Si bien el actual mandatario no prometió abrogar la reforma energética, sí se refirió a la necesidad de reorientar, incluso con el marco legal aún vigente, las políticas energéticas, a fin de recuperar los niveles de producción de hidrocarburos y de reconstruir Pemex a partir del ruinoso estado en que los gobiernos neoliberales dejaron a la antigua paraestatal. Una condición fundamental para conseguir esos objetivos era lograr que la CNH colaborara con los nuevos lineamientos gubernamentales, algo que parecía difícil, habida cuenta que tanto ese organismo como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otros del mismo corte fueron establecidos justo para asegurar la persistencia de las orientaciones neoliberales, entreguistas y antinacionales que caracterizaron a la reforma energética. Pero, pese a todo, a la vista de las decisiones referidas, parece que el nuevo gobierno está logrando alinear a tales instancias.

No es un asunto menor. A la rotunda falta de resultados de la política energética privatizadora y de su fracaso en términos económicos, debe agregarse el hecho de que la concesión de grandes extensiones a las corporaciones energéticas transnacionales y nacionales debilita objetivamente la soberanía nacional y reduce las posibilidades del Estado mexicano de ejercer el pleno control en el territorio nacional. Por ello, la cancelación de las licitaciones por parte de la CNH es un hecho histórico positivo que produce alivio y optimismo.