El titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud/Seguro Popular, Antonio Chemor Ruiz, reconoció que no se ha podido establecer el destino de 7 mil 267 millones de pesos. El faltante, por un monto superior a 8 mil millones, se originó entre los años 2007 y 2015, y hasta la fecha sólo se ha podido recuperar una pequeña parte. Casi la mitad de esos recursos perdidos corresponde a Michoacán (más de 4 mil 126 millones), seguido por Veracruz (casi 2 mil 223 millones), Guerrero (arriba de mil 238 millones), Tabasco (más de 181 millones), Morelos (más de 98 millones) y Nayarit (un monto superior a 66 millones). En conclusión, desde su fundación el Seguro Popular ha venido operando en forma manifiestamente opaca y previsiblemente corrupta.

Si la opacidad es inadmisible en cualquier ámbito de las oficinas públicas, en el de la salud resulta doblemente condenable, porque se traduce en la negación de servicios que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por añadidura, la desaparición de los montos referidos tiene lugar en la rama de la salud pública dedicada a atender a los sectores más desprotegidos, es decir, quienes por su situación de informalidad carecen de afiliación en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Sin embargo, la desaparición de esas partes sustanciales del presupuesto, una constante en la mayor parte de la administración, como lo indican los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, no es el único problema del Seguro Popular. Los otros, más preocupantes, si cabe, son defectos de concepción y de origen: en rigor, ese programa no fue concebido para resolver las carencias del sistema nacional de salud pública, sino únicamente para solucionar en términos financieros el acceso de millones de personas a una infraestructura hospitalaria ya existente y previamente saturada, en la que las instalaciones, el personal, los equipos y los insumos son claramente insuficientes para brindar una atención digna y adecuada a sus derechohabientes tradicionales.

Para colmo, la agregación de los incorporados vía el Seguro Popular creó, desde un inicio, un universo de pacientes de segunda que sólo tienen cubierta una pequeña parte de los padecimientos y que, en el resto, siguen tan desamparados, en lo financiero y en lo médico, como siempre; porque, cabe recordarlo, este servicio sólo cubre una fracción de los padecimientos posibles e impone a sus afiliados antigüedades y tiempos de espera para poder acceder a la atención en enfermedades como el infarto en pacientes de más de 60 años, esclerosis múltiple, cáncer de pulmón o insuficiencia renal.

Así pues, a tres lustros de su fundación, se confirman las críticas iniciales al Seguro Popular en el sentido de que tiene mucho de simulación y poco de seguro, y a ello ha de agregarse la opacidad en la administración de los recursos por parte de los gobiernos locales. En suma, el deber del Estado de garantizar el derecho constitucional de todas las personas a la salud sigue siendo, en millones de casos, una obligación no cumplida.