Entre la noche del domingo y hasta entrada la del lunes, en el norte de Ciudad de México (CDMX) se vivió un conflicto social, cuya manifestación más visible fue el bloqueo de la autopista México-Pachuca en ambas direcciones. Por lo que se sabe hasta el momento, el problema debe atribuirse a una combinación de abuso de la fuerza pública, torpeza institucional, sobrerreacción ciudadana, y de lo que todavía no se tiene certeza es si fue una confusión o respaldo vecinal a una pareja de delincuentes.

Según las autoridades capitalinas, el de-sencuentro se inició con la detención de dos personas que habrían asaltado una estación de servicio, pero derivó en golpizas y allanamientos contra habitantes del poblado de San Juan Ixhuatepec, conocido como San Juanico, ubicado en la zona limítrofe entre el municipio mexiquense de Tlalnepantla y la alcaldía de Gustavo A. Madero. En respuesta a las agresiones recibidas, los pobladores incendiaron sendas patrullas de la policía municipal e impidieron el paso de vehículos en una vialidad clave por resultar de tránsito obligado para miles de personas que viajan a la capital por motivos laborales o escolares.

Es necesario considerar dos elementos del conflicto. En primera instancia, las grabaciones difundidas por los vecinos no dejan lugar a dudas sobre el uso desmedido de la fuerza y la existencia de claras violaciones a cualquier protocolo de actuación por parte de los elementos de la fuerza de granaderos de CDMX, quienes ingresaron al estado de México en persecución de los asaltantes.

Aunque en un principio tanto el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, como su secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, justificaron la actuación policiaca, por la noche el mandatario ofreció una disculpa pública a los ciudadanos y anunció el inicio de averiguaciones.

En segundo lugar, y como contraparte de lo anterior, debe señalarse que la reacción ciudadana resultó de naturaleza y magnitud tales que resulta difícil justificar en el contexto referido, máxime si se toma en cuenta que la mayor parte de las afectaciones generadas por el cierre carretero fue padecida por ciudadanos ajenos al conflicto, quienes de por sí ya se encuentran sometidos a un considerable desgaste por los largos tiempos de traslado entre sus sitios de residencia y los de trabajo. Además, el corte vial dio pie a actos de saqueo que, si bien no está claro que puedan atribuirse a los manifestantes, sí fueron consecuencia del caos generado por la protesta.

En suma, se impone una investigación imparcial para deslindar responsabilidades de ambas partes, tanto por la incapacidad de la corporación capitalina para gestionar una situación de crisis con apego a los reglamentos y los derechos humanos, como por la prestancia de algunos ciudadanos para recurrir a la fuerza en reacción a los agravios recibidos. En este último caso es necesario constatar que la reacción de los vecinos constituye un aviso sobre unos niveles de irritación social cuyas causas no debieran quedar desatendidas si se quiere prevenir futuras tragedias.