Los paros estudiantiles se mantendrán este lunes en varios planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a casi dos semanas de la agresión que detonó el movimiento estudiantil más significativo de los años recientes en la máxima casa de estudios. El 3 de septiembre anterior un grupo de alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco, que se manifestaba pacíficamente frente a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria (CU), fue agredido por porros armados con varillas, instrumentos punzocortantes, cohetones y bombas incendiarias, con saldo de varios heridos, dos de ellos de gravedad, sin que interviniera alguna autoridad universitaria ni de Ciudad de México.

El ataque fue la gota que derramó el vaso de la exasperación estudiantil, debido a la creciente violencia a la que están expuestos los estudiantes de diversos planteles de la UNAM, tanto dentro como fuera de los centros de estudio, violencia que ha dejado ya varios muertos y un feminicidio perpetrado en el campus de CU y otro reciente de una estudinte del CCH, estudiantes desaparecidos y abusos y agresiones sexuales que van al alza.

En respuesta a la agresión del 3 de septiembre, la comunidad estudiantil respondió con la realización de asambleas, manifestaciones y paros que abarcaron casi la totalidad de los planteles de la UNAM. Los alumnos de otros centros de educación superior se unieron al movimiento, el cual adquirió resonancia inmediata en la opinión pública.

La movilización de los universitarios ha tenido la virtud de poner en el debate público los gravísimos niveles de inseguridad que afectan a los jóvenes en el país y las diversas formas de violencia que padecen en forma cotidiana, particularmente la de género, y la que se deriva de grupos organizados de choque conocidos desde hace décadas como porros.

Sobre la primera, los estudiantes movilizados han denunciado de manera repetida la indiferencia, la omisión y hasta el encubrimiento por parte de autoridades universitarias; sobre la segunda, han señalado los vínculos de complicidad entre funcionarios de la máxima casa de estudios y tales grupos violentos.

En ambos puntos, los reclamos del movimiento estudiantil son correctos. Hay en la universidad –y la situación no es muy distinta en el resto de las instituciones de educación superior– renuencia a investigar y sancionar las expresiones de misoginia, desde el acoso hasta la violación. Por lo que hace a los porros, es claro que éstos no podrían existir sin financiamiento, dirección y encubrimiento de servidores públicos y que algunos de ellos se encuentran necesariamente enquistados en la propia burocracia universitaria.

En tal circunstancia resulta a todas luces impostergable una tarea conjunta de investigación entre las autoridades urbanas y las de la UNAM, a fin de identificar y sancionar conforme a derecho a los responsables intelectuales de la violencia porril, garantizar la neutralización de los grupos de choque y hacer acopio de voluntad política para poner un alto a la violencia de género.