Julio Berdegué* y Silvia Saravia**

El año 2050 marca un doble desafío a escala mundial: para esa fecha, el mundo debe reducir en 70 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y aumentar en 70 por ciento su producción de alimentos.

Reducir las emisiones es urgente para evitar que la temperatura mundial aumente más de 2 grados centígrados y así evitar los efectos más devastadores del cambio climático, mientras incrementar la producción de comida es fundamental para alimentar a una población de casi 10 mil millones de personas.

Uno de los principales responsables de responder a este doble desafío –70/+70 es el sector agropecuario, que actualmente aporta una quinta parte de todas las emisiones globales de GEI.

Entre 1990 y 2015, la producción agropecuaria creció con fuerza: 74 por ciento a escala mundial, 85 por ciento en América Central y más de 132 por ciento en América del Sur. En ese mismo periodo, las emisiones de GEI del sector (que incluye agricultura, ganadería y cambios en el uso del suelo) se redujeron 1 por ciento en el mundo, 28 por ciento en América Central y 25 por ciento en América del Sur.

Es decir, hoy producimos mucha más comida emitiendo menos gases de efecto invernadero.

Si relacionamos estas dos variables (producción de alimentos y emisión de GEI), vemos que en 1990 en América Latina emitíamos 15 toneladas de GEI por cada mil dólares de alimento producido, mientras en 2015 disminuimos fuertemente a cinco toneladas de GEI por cada mil dólares. De haber mantenido los niveles tecnológicos de 1990 en 2015, las emisiones de GEI latinoamericanas del sector agrícola habrían sido el triple, lo que habría significado agregar 3.3 mil millones de toneladas de GEI a nuestra atmósfera. Esto no sólo demuestra cuánto hemos avanzado, sino que sí es posible alimentar al mundo sin contaminar nuestra atmósfera.

En América Latina y el Caribe todavía podemos hacer mucho por intensificar sosteniblemente la producción agrícola y ganadera. La ciencia, la innovación tecnológica y las reformas institucionales y de gobernanza son motores centrales para enfrentar el desafío –70/+70 que marcará las siguientes tres décadas.

Durante la pasada Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los países de la región solicitaron asistencia técnica para acceder al financiamiento internacional con el fin de apoyar una mayor producción de alimentos con menos impactos ambientales y climáticos.

Recientemente, el Fondo Verde del Clima aprobó 90 millones de dólares para un proyecto del gobierno de Paraguay formulado por la FAO; el proyecto apoyará la adaptación al cambio climático de 17 mil familias rurales, muchas de ellas indígenas. Con el gobierno de El Salvador, la FAO ha preparado un proyecto para el mismo fondo: al ser aprobado, beneficiará a 225 mil personas y cubrirá a 33 por ciento de la población más vulnerable al cambio climático en el Corredor Seco salvadoreño, una zona que sufre inclementes sequías, inundaciones y tormentas tropicales. Estos dos proyectos implican inversiones por más de 217 millones de dólares en favor de la resiliencia y la adaptación al cambio climático en nuestra región.

Además, la FAO y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) han creado un fondo de preinversión que permitirá a 14 países de la Comunidad de Estados Caribeños (Caricom) diseñar 27 proyectos para mejorar su resiliencia y movilizar recursos en su lucha contra el cambio climático.

Para promover el diálogo, el intercambio de experiencias y la acción multisectorial en torno a la resiliencia climática en las zonas rurales, la FAO y la Fundación Futuro Latinoamericano de Ecuador han convocado a una alianza de expertos del más alto nivel; uno de sus objetivos es apoyar los cambios estructurales necesarios para promover una producción agropecuaria más limpia, sostenible y eficiente. El 28 de agosto, en Montería, Colombia, la FAO convocará a los mayores expertos regionales a un seminario que busca impulsar la producción ganadera baja en emisiones, un factor que será clave para contribuir a resolver el doble desafío –70/+70 de la seguridad alimentaria y ambiental para 2050.