Jorge Carrillo Olea

El proyecto nacional de inteligencia está en crisis, una obra más del presente gobierno. Si bien los esfuerzos de los pasados 33 años, 1985–2018 por establecer un sistema a la altura de las necesidades del país no terminó de madurar, el gobierno de Peña Nieto acabó con él.

En cuanto a riesgos y amenazas, dejaron de considerarse a los estructurales, como la desigualdad socioeconómica, la corrupción o la injusticia. Las amenazas externas no se identificaron, por eso no se comprendió, por más indicios que hubo, la grave descomposición centroamericana. En lo interno, el crecimiento demográfico y el de la pobreza hoy son sólo una referencia estadística.

Ningún país en ningún tiempo ha podido prescindir exitosamente de información convertida en inteligencia para preservar y promover sus conveniencias. No es posible gobernar sin saber lo que sucede en el país o qué acontece fuera de sus fronteras.

En aquellos tiempos iniciales las reflexiones se hacían con una larga perspectiva que alcanzaba el mediano y largo plazos, eran sistémicas, de integración plural especializada y tenía cumplidos los requisitos de coordinación y cooperación. Lo que se hace hoy es un esfuerzo pobre, desarticulado, unívoco: sólo el crimen organizado nacional, el que se observa sin profundidad, sin visión trascendente por lo que se cayó en simplificaciones. No se advirtió la evolución de la violencia, que en el contexto internacional también ha rebasado al crimen tradicional, está en constante mutación. Nos quedamos buscando a El Chapo, La Tuta y al Z 40 y promoviendo una peligrosa Ley de Seguridad Interior.

Las nuevas concepciones sobre el universo teórico Seguridad Nacional-Inteligencia-Estado de Derecho obligan a aceptar que es legítimo debatir y ajustar sus límites de manera constante con una visión de ciencia social. No hacerlo conduce al conflicto, que es la razón de los órganos de derechos humanos. Los países que menos transgresiones producen a las garantías constitucionales tienen resuelto en principio el dilema histórico: que la inteligencia sea útil como recurso político dentro de la garantía de seguridad jurídica.

Corresponde al jefe de Estado o de gobierno ser el origen y fin de la inteligencia. Él, con asesorías especializadas finca sus necesidades globales o coyunturales, él recibe la respuesta y con esa base de cierta garantía y su juicio de por medio, ejerce actos de gobierno. Atender a ese ciclo de apoyo mediante actos de coordinación en un Estado democrático corresponde a servicios de inteligencia. Que sean órganos operativos quienes finquen y atiendan las necesidades de inteligencia es altamente riesgoso, recordemos el caso Anaya y su cándido seguidor, un agente del Cisen.

Uno de los temas de alto nivel de un Estado es que siempre estará en un proceso de busca equilibrada de eficiencia y de legalidad, equilibrio usualmente frágil. El debate es ancestral: para la inteligencia, ¿existen espacios y límites en el derecho? Pregunta que parece hermanarse o codepender con otra: ¿cuáles son los límites de la obediencia? Que en México las agencias de inteligencia han consumado delitos, es público, y hemos visto que aún se cometen con la dirección o complacencia de sus mandos, aunque lo nieguen como siempre lo han negado. Estas prácticas han estado presentes en cada lugar y rincón de la historia. Eso no las legitima, las descubre potencialmente como acto violatorio.

Las libertades que ciertos órganos de inteligencia demandan poseer no son tales, pueden ser delitos a prevenir y perseguir, sin espacio en un Estado moderno. Un Estado así debe tener controles en sus líderes, en los tribunales, las instituciones y sus funcionarios. El cambio radical de esta vergüenza ha sido ya políticamente planteado y debería culminar con una ley nacional de inteligencia que precisara las bases jurídicas, orgánicas y funcionales, o sean los sujetos de la ley, espacios y límites, facultades y modos de acción.

Las ideas planteadas corresponden a la ortodoxia universalmente aceptada, pero se reconoce que cada país les impondría los matices que a su propia naturaleza convinieran. México, en su sistema métrico sexenal (Octavio Paz), hoy está frente a una enorme necesidad y oportunidad de corregir disipaciones. La situación mundial, la compleja nacional y la violencia así lo indican. No hay nada que desperdiciar, ni tiempo, ni teorías probadas, ni recursos. Estamos ante una delicada coyuntura.