Orlando Delgado Selley

Una de las decisiones del modelo neoliberal que se impuso en México desde hace 36 años fue la autonomía del Banco de México (BdeM) y la modificación de su ley orgánica para que su objetivo prioritario fuera mantener estabilidad de precios. En 1991, todavía en los tiempos del salinato, se aprobaron estas modificaciones y desde entonces el banco central mexicano decide lo que hará, se evalúa a sí mismo y la representación de la sociedad mexicana, el Congreso de la Unión, no analiza, ni examina su desempeño. En algunos momentos ha habido tensiones entre las autoridades hacendarias o la Presidencia de la República y el BdeM, pero en general los poderes electos respetan su notable autonomía. Otros organismos con la misma condición, como el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son criticados frecuentemente, pero al BdeM nadie lo toca.

Por eso el informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2017, que incluye una revisión al funcionamiento de Banxico es relevante. La ASF revisó el marco institucional en materia de regulación de las tasas de interés y las comisiones que cobra la banca comercial, los mecanismos que promueven la competencia entre instituciones crediticias y los efectos sobre servicios y usuarios. La revisión parte de los propósitos definidos en la Reforma Financiera (RF), que se aprobó en 2014 y formó parte de los acuerdos del Pacto por México. Esta RF se propuso que el sector financiero tuviera mayor participación en el crecimiento económico.

Para ello se plantearon cuatro pilares: propiciar la expansión del crédito, aumentar la competencia e inhibir prácticas anticompetitivas; fomentar que la banca de desarrollo otorgue créditos en áreas prioritarias para el desarrollo; ampliar el uso del financiamiento por conducto de los bancos privados, fortalecer las facultades de las autoridades financieras para evaluar el desempeño de los bancos, revisando que los depósitos de los ahorradores se canalicen al crédito; y mantener un sistema financiero sólido.

Junto con esto, el BdeM tiene previsto que el sistema financiero es importante ya que contribuye al crecimiento y bienestar de la población, lo que demanda un marco institucional sólido y una regulación y supervisión que cuide su integridad y proteja a los usuarios.

Los resultados de la revisión son contundentes, Banxico no cumple: primero, con la RF no se mejoró la regulación para las tasas de interés que ofrecen los bancos a sus clientes, ni evolucionaron las condiciones ofrecidas a los ahorradores. El costo anual total de los créditos se mantiene alto, particularmente en tarjetas de crédito en las que la tasa de interés en diciembre de 2017 fue de 177.7 por ciento anual.

Si se compara con lo que los bancos pagan a sus ahorradores, que no es superior a 10 por ciento, se aprecia que la conclusión de la ASF es meridiana. La falla en el cumplimiento es innegable.

Segundo, el margen de intermediación financiera –que mide la diferencia entre los ingresos cobrados por los créditos menos los intereses pagados a los cuentahabientes– en México se ubica entre 8 y 8.6 puntos porcentuales, lo que es mayor que el promedio de los países de América Latina y el Caribe.

Tercero, el crédito como porcentaje del PIB, que refleja el apoyo de los bancos a la inversión y, por tanto, al crecimiento económico, que en 2004 era de 46.1 por ciento apenas llegó a 59.2 por ciento, lo que está muy lejos de los datos brasileño, colombiano o chileno.

Cuarto, la RF pretendía promover la competencia e inhibir prácticas anticompetitivas y resulta que el sistema financiero está formado por 48 instituciones de las que siete controlan 78.6 por ciento de los activos del sistema, 81.8 de la cartera de crédito, 82.4 por ciento de la captación de ahorro y 79.7 del capital contable. El sistema financiero mexicano no es competitivo, ni eficiente, pero resulta muy rentable para sus dueños.

La ASF concluye que no se logró mejorar las condiciones de los créditos y reducir las tasas de interés, lo que hubiera permitido hacerlas accesibles para hogares y empresas. Tampoco hubo resultados en el propósito de fomentar la competencia. Consecuentemente, las autoridades financieras que debían haber regulado y supervisado para que se cumplieran estos propósitos fallaron en su encomienda. Compete a los nuevos electos aprovechar este informe de la ASF para tomar las medidas necesarias para corregirlo. Obligar a que el BdeM cumpla lo planteado en la RF servirá al crecimiento de la economía y verdaderamente beneficiará a los usuarios.