El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Ciudad de México (CMIC-CDMX), Arturo Bautista Lozano, puso ayer sobre la mesa un conflicto interempresarial por la disputa del mercado de obra pública: en lo que va del presente año, dijo, 84 por ciento de las adjudicaciones para obra pública ha sido otorgada a constructoras que por no pertenecer a algún gremio o cámara, no cuentan con el aval de ser empresas socialmente responsables. Por su conducto, los industriales de la construcción que operan en la capital de la República mexicana propusieron que la próxima Contraloría General del Gobierno de Ciudad de México establezca una “línea de denuncia anónima para acabar con los moches” en los procesos de obras públicas.

A decir del representante empresarial, en lo que va del año han sido adjudicados contratos por 781 millones de pesos en obras públicas, de los cuales sólo 16 por ciento corresponde a la CMIC. Según el declarante, la fortaleza de las empresas de su cámara no la tiene ninguna otra porque “nosotros capacitamos, cumplimos con la Ley Federal del Trabajo, que es muy estricta y clara en que todas las constructoras tienen que capacitar a sus trabajadores (…) y tenemos un instituto al respecto”.

La certificación de empresa socialmente responsable no necesariamente garantiza que la compañía que la ostenta se comporte como tal ni que se conduzca en forma ética, no sólo en lo que respecta a sus políticas laborales sino también ante el tejido social, el medio ambiente, la salud pública y otras dimensiones. Proliferan los ejemplos de consorcios que, aun con esa divisa impresa en su imagen corporativa, obtienen ganancias con negocios que tienen impactos perjudiciales. Por otra parte, la pertenencia a una asociación empresarial no siempre garantiza el cumplimiento de los marcos legales aplicables en distintos rubros. Así pues, el reclamo de Bautista Lozano parece más bien relacionado con el afán de llevar a constructoras pequeñas y medianas a someterse al modelo corporativo y sectorizado que continúa dominando en el sector privado del país y que tiene su origen en un modelo de control político que pretendió reducir a todas las fuerzas productivas y a casi todos los sectores de la población a la pertenencia a alguna central obrera o campesina, a alguna cámara empresarial o a una de las uniones del llamado sector popular del viejo priísmo.

Más allá de esa consideración, resulta oportuno y necesario el señalamiento del dirigente de la CMIC en el sentido de que resulta imperativo poner fin a la práctica de las mordidas o moches que cobran los funcionarios públicos para asegurar que quien otorga esas comisiones ilegales obtenga los contratos de obra pública –y de muchas otras cosas– que se abren a licitación o concurso. Ese ejercicio inveterado de corrupción no sólo corrompe cadenas de mando en las instituciones y causa graves daños al erario, sino que suele traducirse en obras que no cumplen con los requisitos de calidad, presupuesto y tiempo de ejecución y que en no pocos casos desembocan en tragedias. Pero las compañías que participan de esos víncu-los corruptos pueden ser de cualquier tamaño, estar afiliadas o no a alguna corporación empresarial y ninguna certificación garantiza que se abstengan de incurrir en ellas. Erradicarlas es uno de los principales desafíos para las próximas autoridades locales –no sólo de Ciudad de México– y federales.