La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero, propuesta para ocupar la Secretaría de Gobernación por el virtual presiente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que el próximo gobierno pondrá en práctica una política que ponga en el centro las exigencias de víctimas y familiares de víctimas de la violencia que padece el país y que aborde la memoria y la reparación, y planteará un proyecto de ley en el que se incluirá la amnistía para sectores de la población que no hayan cometido delitos graves y que actualmente son considerados parte de la delincuencia –como es el caso de los campesinos que cultivan especies ilícitas–, así como la reducción de penas a quienes aporten información que permita dar con el paradero de personas desaparecidas. Dijo, asimismo, que el equipo del triunfador de los comicios del pasado primero de julio estudia las posibles modalidades para la creación de comisiones de la verdad, tanto las que se encarguen de esclarecer fenómenos regionales como las que se conformen como una gran comisión, que deberá arrojar luz sobre lo ocurrido en todo el país. Por otra parte, recordó que con tal de pacificar el país debe considerarse la posibilidad de despenalizar las drogas actualmente prohibidas.

Significativamente, tales declaraciones fueron vertidas un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto admitiera que la delincuencia ha aumentado durante más de una década y ha trastocado el tejido social y que los resultados de la estrategia aún vigente de lucha contra la criminalidad están lejos de ser satisfactorios.

La coyuntura registra, pues, la imperiosa necesidad de aplicar un viraje en la política de seguridad y de combate a la delincuencia. Abundan los diagnósticos que explican la ineficacia de los lineamientos seguidos hasta ahora en esa materia y en las palabras de Sánchez Cordero se percibe la urgencia de adoptar nuevos paradigmas de seguridad pública, restablecimiento del estado de derecho, cumplimiento de los derechos humanos, procuración e impartición de justicia y combate al narcotráfico y otros fenómenos delictivos.

Sin embargo, la que puede denominarse propuesta lopezobradorista en los terrenos referidos presenta lagunas y omisiones que deben ser desarrollados por el equipo que se hará cargo del gobierno federal a partir del próximo primero de diciembre: por ejemplo, no está clara aún la manera en la que los afectados por la violencia y sus familiares serán incorporados a las políticas públicas, el papel de las fuerzas armadas a corto y mediano plazos y el futuro de la cuestionada Ley de Seguridad Interior.

Es necesario, en suma, que quienes se desempeñarán como autoridades puntualicen, en los cuatro meses y medio que faltan para la sucesión formal, asuntos que resultan cruciales para la recuperación de la paz, la seguridad y la justicia efectiva, y que construyan una estrategia capaz de suscitar el consenso de la sociedad.