El representante comercial del gobierno de Donald Trump, Robert Lighthizer, anunció ayer que presentó demandas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra de México, China, Canadá, Turquía y naciones de la Unión Europea, que impusieron aranceles a ciertas exportaciones estadunidenses en respuesta a la decisión de Washington de gravar, sin justificación fundamentada en la legalidad internacional, las importaciones de acero y aluminio procedentes de esos países.

En un inocultable torcimiento de la lógica, el funcionario afirmó que los aranceles de 25 por ciento al acero y de 10 por ciento al aluminio de las naciones referidas están justificadas por los acuerdos suscritos tanto por Estados Unidos como por sus socios comerciales.

Cabe recordar, sin embargo, que el pasado 31 de mayo, cuando la presidencia de Trump anunció la mencionada medida proteccionista, no tuvo más argumento para justificarla que el de una supuesta afectación de la seguridad nacional estadunidense a raíz de las importaciones de esos metales que, supuestamente, ponían en riesgo la producción local de la superpotencia.

Tal pretexto, además de falaz, no tiene asidero alguno en el marco de las regulaciones comerciales internacionales. Por el contrario, resulta claramente incompatible con ellas y con los principios del libre mercado, en la medida en que representan acciones de proteccionismo puro y duro. Si se va más lejos en el análisis, los aranceles al aluminio y al acero parecen una de esas maniobras trumpianas orientadas a procurar una alteración de las relaciones tradicionales –las comerciales, pero también las geoestratégicas y diplomáticas– entre Washington y otros gobiernos en favor de Estados Unidos.

En esta lógica, la presentación de querellas por parte del país causante de la agresión comercial en contra de quienes la sufrieron plantea una nueva provocación y un nuevo intento por introducir un factor de caos en los intercambios mundiales con el fin de inducir una reorganización que resulte beneficiosa para la economía estadunidense, como reducir sus déficit o incrementar sus superávit comerciales con sus socios históricos.

La irracionalidad de las demandas ante la OMC es tan manifiesta que tienen escasas probabilidades de salir airosas. Pero incluso si lo consiguieran, afectarían negativamente, sin duda, a las naciones referidas, y más temprano que tarde incrementarían el aislamiento de Estados Unidos ante sus propios socios y aliados –una perspectiva que resultaría alarmante para cualquier gobierno que no estuviera encabezado por Donald Trump– y minaría de manera adicional el poderío de Washington en el comercio y las finanzas internacionales.