Jorge Alcocer, propuesto por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para ocupar la titularidad de la Secretaría de Salud, anunció ayer que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) será plenamente asumido por esa dependencia federal y que el Seguro Popular, una institución híbrida y ambigua, será restructurado. Asimismo, el próximo secretario de Salud confirmó que en el gobierno que inicia el próximo primero de diciembre no existirá la figura de primera dama, un tratamiento honorífico extralegal que se ha venido confiriendo a la cónyuge del presidente en turno.

Estas tres medidas tienen relevancia por diferentes razones y pueden considerarse positivas y apegadas a los principios republicanos.

Para empezar, el DIF es una red de entidades ambiguas, asociadas tradicionalmente a la esposa del presidente, gobernador o presidente municipal, en las que confluyen el sentido institucional y legal con tendencias asistencialistas y hasta de caridad, y en las que no quedan claras las atribuciones, las obligaciones y en no pocos casos las cuentas, de esas instancias conformadas por voluntariados que no siempre lo son. Sin embargo, tanto el DIF federal como los estatales y municipales manejan cantidades ingentes de recursos y desempeñan funciones socialmente indispensables, aunque a fin de cuentas no queda claro dónde empieza lo voluntario y dónde el deber del Estado.

Por lo que respecta al Seguro Popular, se trata de una entidad híbrida ideada por el gobierno foxista para simular una cobertura universal de salud que a la fecha no existe en el país; un sucedáneo para la insuficiencia institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y diversas entidades estatales.

Aunque ha permitido que los servicios médicos y hospitalarios lleguen a muchas personas que de otro modo no tendrían ningún acceso a la salud, el Seguro Popular tiene un catálogo de padecimientos mucho más limitado del que la población requiere, no es gratuito ni genera infraestructura clínica.

De hecho, se le considera más un mecanismo financiero que un instrumento de seguridad social. Su operación es inequitativa y opaca, y resulta adecuada su integración en una institución sólida y definida como es la Secretaría de Salud.

Para finalizar, la abolición de la figura de primera dama debe considerarse un avance en materia de cultura y usos republicanos y también, en transparencia y austeridad. Debe admitirse que hasta ahora ese título, que no existe en ninguna ley, otorga, sin embargo a la esposa del presidente o a un representante administrativo del gobernante en turno, recursos casi inagotables y personal en abundancia. Es, por lo demás, una distinción machista, clasista y obsoleta, y cabe felicitarse por el hecho de que el país está a punto de dejarla atrás.