La ocurrencia del presidente estadunidense, Donald Trump, de invadir militarmente Venezuela explícitamente manifestada hace varios meses en una reunión con el entonces secretario de Estado Rex Tillerson, y el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Herbert Raymond McMaster, y filtrada a los medios esta semana, ha introducido un factor adicional de tensión en el país sudamericano y ha dado un nuevo elemento de incertidumbre a los desvaríos que caracterizan la política exterior de Washington en la circunstancia actual.

La versión sobre el encuentro –en el que ambos ex funcionarios le hicieron ver al magnate republicano la absoluta improcedencia de su idea– es consistente con las declaraciones públicas del propio Trump, quien, sin haber llegado en ellas al grado de especificidad comentado, ha dejado sobrado testimonio de su hostilidad hacia Venezuela, ante cuya crisis ha amenazado con recurrir a todas las medidas.

Es decir, es verosímil que en la mente y en el discurso en privado de Trump esté presente el disparate de lanzar una agresión bélica en contra del régimen de Caracas, una idea que, al parecer, ha sido frenada por integrantes de su propio equipo de gobierno –civiles y militares– quienes habrían advertido al presidente de la superpotencia las consecuencias indeseadas que tendría semejante acción; particularmente, el rechazo de toda Latinoamérica.

Si bien es cierto que hoy por hoy la mayoría de los gobiernos de la región se encuentra alineada con la Casa Blanca en temas de política exterior, ello no significa que, por principios básicos o por cálculo de riesgos, le resultaría aceptable una incursión militar estadunidense para deponer a las autoridades bolivarianas.

En el caso concreto de Colombia, cuyo gobierno es un estrecho y tradicional aliado de Estados Unidos y que comparte una extensa frontera con Venezuela, una invasión de Washington en esa nación podría desembocar en un flujo masivo e incontrolable de refugiados y desplazados. De la misma manera, para los otros países de Sudamérica una guerra en su región tendría consecuencias necesariamente desastrosas en su estabilidad interna y en su economía.

En cuanto a Venezuela, el amago no hace sino polarizar aún más el escenario político interno y agregar dificultades económicas y financieras a la crisis que se vive en esa nación, que lo que menos requiere es una intervención militar.

Lo más grotesco del asunto es que Trump ni siquiera tiene una razón precisa para pensar en una agresión de esa magnitud, habida cuenta que el gobierno bolivariano no representa amenaza alguna para la superpotencia.

Por su propio interés, es imperioso que los gobernantes de América Latina asuman y manifiesten, independientemente de sus orientaciones ideológicas y de sus actitudes ante el conflicto político venezolano, una postura unida y firme que reivindique los principios de no intervención y de solución pacífica de los conflictos.