Iván Restrepo

Bajo el emblema Volkswagen se cobijan 12 marcas de vehículos y 120 complejos industriales que los producen en diversos países. Es la mayor fabricante de coches del mundo. Sin embargo, sus maneras de burlar la ley están a la orden del día. El pasado mayo, por ejemplo, la justicia de Estados Unidos citó a declarar a Hebert Diess, presidente de la multinacional, a fin de conocer todo lo que sabe sobre la manipuilación de pruebas anticontaminantes en varios modelos de coches de esa empresa y que fueron vendidos en el vecino país. Un mes después, en Alemania, otra investigación sobre el mismo tema llevó a la detención de Rupert Stadler, director de Audi, una de las marcas de la trasnacional. Es el primer gran ejecutivo del grupo Volkswagen enviado temporalmente a prisión bajo el cargo de estar supuestamente implicado en el que en todo el mundo se conoce como el dieselgate: manipular motores para camuflar emisiones de gases contaminantes.

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El escándalo estalló en septiembre de 2015 en Estados Unidos y mostró que el gigante alemán había utilizado un software ilegal en decenas de miles de vehículos vendidos en el vecino del norte. Lo hizo también en Alemania, Francia y España, por ejemplo. En el caso de Audi, se trataría de un software diferente al que se descubrió en 2015.

La investigación ahora se enfoca en autos vendidos en Europa que se cree fueron equipados con un software que apagaba los controles de emisión al momento en que el vehículo es manejado. La fiscalía de Munich acusa a Stadler y a otras 20 personas de Audi de los delitos de encubrimiento de pruebas, fraude y falsificación de documentos relacionados con la manipulación técnica mencionada.

Se pensó que con la purga obligada que los principales socios de la poderosa automotriz tuvieron que hacer en la cúpula directiva tras el escándalo del dieselgate, todo había terminado y las cosas se hacían ya conforme marca la ley para evitar la contaminación proveniente de las unidades que elabora la poderosa trasnacional. Pero la detención de Stadler volvió a poner a la Volkswagen en el centro de todas las miradas por un engaño masivo del que no consigue salir y que golpea a los directivos actuales.

Cabe señalar que Volkswagen pagó en Alemania una multa de mil millones de euros por el dieselgate y cubrirá más, pues tiene varios procesos legales abiertos en otros países. Es la primera vez que es sancionada económicamente en Europa, pues las autoridades no habían encontrado motivos para ello. Ahora se evidencia que los gobiernos de dicho continente no fueron capaces de tomar las medidas más adecuadas para evitar el fraude y que todavía se desconoce el alcance del mismo.

Algo muy distinto sucedió en Estados Unidos, donde, ante las evidencias abrumadoras de que se manipuló el funcionamiento de los motores de ciertos modelos para engañar la legislación vigente sobre contaminación, la compañía se declaró culpable de fraude y obstruir la justicia. Algunos de sus ejecutivos fueron encarcelados y otros están en peligro de pisar también la cárcel. Ha pagado más de 26 mil millones de dólares por los delitos cometidos y recomprar los vehículos, que suman apenas 10 por ciento de los afectados en todo el mundo.

Aunque los directivos de Volks­wagen llevan tres años anunciando el comienzo de una nueva cultura corporativa dentro de la trasnacional para ganar apertura, seriedad y honestidad, los problemas por manipular los motores diésel con un sotfware a fin de burlar los controles anticontaminantes (en especial el óxido de nitrógeno) aparecen en Estados Unidos, Alemania y otros países.

Si estos fraudes ocurren donde, se supone, hay estrictos controles sobre la industria fabricante de coches, imaginemos lo que sucede en lugares como México. Por ello es necesario que el gobierno que ayer elegimos revise a fondo el actuar de todas las trasnacionales automotrices. Hasta hoy, han tenido campo fértil para sus negocios, creando problemas en la salud pública y el medio ambiente. Ya no más impunidad y corrupción oficial y privada.