Magdalena Gómez

Está por concluir el periodo electoral y podemos observar las estrategias que los pueblos indígenas han desplegado. Primero destaca la que impulsó el Congreso Nacional Indígena (CNI)y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) para promover que su vo­cera, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, figurara en la boleta electoral como candidata independiente a la Presidencia. Lo que interesa destacar es la agenda y sentido de organización que fue su motor y que trasciende al próximo primero de julio. El CIG coloca en el centro la defensa del territorio frente al despojo y al proyecto neoliberal en curso. Bien dijo Marichuy en estos días de gira por el norte del país: gane quien gane el primero de julio continuará lo que está sucediendo, con el despojo y estos decretos de privatización del agua.

En efecto, ningún partido se suma, por ejemplo, a la demanda de revertir la reforma energética ni a promover la libre determinación de los pueblos. Destacan, además, organizaciones, que sin pertenecer al CNI, han expresado su postura coincidente. Es el caso de los comisariados que integran el consejo regional de autoridades agrarias en defensa del territorio, de la región Montaña y Costa Chica, en Guerrero, contra la minería. El 16 de junio llamaron a respetar el proceso de defensa del territorio en estos términos: se hace una atenta invitación a todas las personas a que consideren esto en los diálogos que sostengan con candidatos y que los ayuntamientos electos sostengan la negación de entrega de usos de suelo a empresas extractivas (Paraje Montero, Malinaltepec, Guerrero). Muchos procesos en curso han utilizado como mecanismo de presión el impedir la instalación de casillas electorales, para que se respeten sus derechos. Coloco el caso de la comunidad de Nahuatzen por conducto del Concejo Ciudadano Indígena (CCI) en protesta porque el Instituto Electoral de Michoacán se había negado a cumplir fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocen al CCI como autoridad suprema, lo cual le permite acceder al presupuesto municipal de manera directa. Finalmente, se hizo una consulta para definir si aceptaba manejar de manera directa los recursos que proporcionalmente le corresponden del municipio.

Otro caso con sentencia en su favor y participante en el CNI, es el de la comunidad wixárika de no permitir que se realice la jornada electoral hasta que les restituyan más de 10 mil hectáreas de sus tierras, las cuales han sido invadidas por ganaderos de Nayarit, en la zona de Huajimic. Estamos ante procesos de larga data, que utilizan la presión en la coyuntura, pero que no son electoreros. Estos son ejemplos de una tendencia más amplia cuyo perfil es la defensa del territorio. En marcado contraste, en el ámbito electoral, se perfiló el espacio de la llamada representación política de los pueblos indígenas en el Poder Legislativo, que entraña justamente el tema de si se trata de un derecho de las personas indígenas o les correspondería a los pueblos proponer sus representantes. El país está dividido en 300 distritos electorales y de ellos 28 están catalogados como indígenas, pues la población originaria representa al menos 40 por ciento del total de habitantes en la demarcación correspondiente. Para la elección en curso, el INE determinó que en los 13 distritos electorales, de esos 28, donde la población indígena es mayor a 60 por ciento de los habitantes de ese distrito, los partidos políticos están obligados a postular a candidatos que pertenezcan a alguna de las poblaciones indígenas. Es decir, nos colocamos en la arena de la lucha por las curules. Ahí se han expresado políticos indígenas que reclaman esos espacios sin que propiamente sus pueblos y comunidades estén involucrados, y no han resultado muy satisfechos con los partidos. Algunos han tocado puertas. La divergencia por ejemplo en Morena de Michoacán llegó al punto de que declararon: todos con AMLO menos con los otros. Es decir, no al voto parejo. En este terreno hay un proyecto político muy ligado al PRI, como es el de la llamada gubernatura nacional indígena. Comenzó hace cinco años y obtuvo apoyos institucionales de proyectos, está sustentada en el artículo dos constitucional que corresponde, señalan, al régimen de usos y costumbres, y tiene a su líder Hipólito Arriaga Ponte como gobernador nacional indígena. Presentaron mil 300 propuestas de candidatos a integrantes de municipios y a diputados, locales y federales, en las 32 entidades y ningún instituto electoral los registró. Así que se repliegan hacia terrenos conocidos, como son los de la disputa por presupuestos institucionales. Más vale clientelismo seguro que curul volando. Muy contrastante con quienes asumen que la lucha de los pueblos se construye abajo.