La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, señaló ayer que el proceso electoral en curso está marcado por el sesgo de la violencia, y advirtió que manos criminales están actuando de forma premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben estar o no estar en la boleta electoral. Asimismo, alertó sobre la violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres para menoscabar o anular el ejercicio de sus derechos políticos. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero –uno de los estados más afectados por las violencias de diversas clases– dijo, por su parte, que la violencia se trasladó al ámbito electoral y que, con facilidad, la delincuencia le quita la vida al candidato que cree que no le va a servir.

Visto en retrospectiva, era inevitable que la descontrolada criminalidad que padece el país, y cuyos saldos de muerte crecen mes con mes, acabara por intervenir en los procesos de renovación de autoridades, y ello ha dado por resultado la muerte de más de un centenar de aspirantes a puestos de elección popular de todos los partidos. El caso más reciente ocurrió ayer en Ocampo, Michoacán, en donde fue asesinado el candidato a presidente municipal de esa localidad por el Partido de la Revolución Democrática, Fernando Ángeles Juárez.

Desde luego, los políticos y los candidatos no son los únicos afectados por la violencia: de acuerdo con cifras divulgadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mes pasado se caracterizó por tener un nuevo récord de homicidios dolosos, el más alto desde 1997, con un total de 2 mil 890 casos, 178 más que en octubre de 2017, que ostentaba el mayor número de asesinatos intencionales. En los primeros meses de este 2018 se han registrado 13 mil 298 víctimas de homicidio doloso, 3 mil 55 más que en el mismo periodo del año anterior.

Además de las muertes, la incidencia delictiva va al alza también en robos y en casos de violencia familiar. Es decir, el país registra un incremento de prácticas violentas en el ámbito de la criminalidad propiamente dicha, el cual se traslada a la esfera política e incluso al terreno de las relaciones interpersonales.

Con estos hechos en mente, resulta indiscutible la urgencia de hacer frente a esta grave descomposición que amenaza la vida y la integridad de la población en general, que suma a números crecientes de individuos, ya sea en la condición de víctimas o de victimarios, y que normaliza la agresión como sucedáneo de la convivencia.

En otros términos, detener la violencia y la inseguridad constituye hoy el principal desafío del país, porque esos fenómenos no sólo ponen en grave peligro la vida y la integridad física de sus habitantes, sino también el tejido social y la legitimidad de los procesos electorales y sus resultados.

Es inadmisible y monstruoso que estamentos criminales de cualquier signo pretendan resolver con ejecuciones lo que debe ser dirimido en civilidad, seguridad y paz por medio de las urnas.