En las primeras horas de ayer, en Tultepec, estado de México, estalló una bodega clandestina de pólvora y el accidente dejó un saldo de siete personas muertas y nueve lesionadas, además, causó daños de diversa consideración en 93 viviendas y en un número indeterminado de vehículos. Esta tragedia es el eslabón más reciente de una cadena de siniestros que ocurren de manera frecuente en esa localidad mexiquense, dedicada principalmente a la fabricación y venta de productos pirotécnicos –se calcula que nueve de cada 10 habitantes se dedican a ella– y que pareciera no tener solución posible.

En lo que va del presente año han ocurrido allí varios accidentes; por ejemplo, en marzo pasado, murió un hombre a causa de un incendio en un taller debidamente autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional –la cual supervisa, por ley, todas las actividades industriales en las que se utilicen sustancias explosivas– y el pasado 18 de mayo tuvo lugar un suceso similar en otro establecimiento que también contaba con los permisos necesarios; en marzo del año pasado una explosión en un taller clandestino causó cuatro muertes; el 20 de diciembre de 2016 tuvo lugar una enorme explosión en el mercado de San Pablito que mató a 42 personas y destruyó la mayor parte de los puestos del lugar, una tragedia que cimbró al país y que fue precedida por otros cinco incidentes registrados ese año que dejaron un saldo de tres muertos y seis lesionados. En 2014 hubo al menos tres accidentes que dejaron un total de tres heridos y un muerto. Así podría seguirse el recuento, año con año. El mercado referido fue destruido por incendios sucesivos en septiembre de 2005 y septiembre de 2006 y en los pasados 20 años han ocurrido en la localidad más de 40 siniestros que se han cobrado la vida de cerca de un centenar de personas y han destruido decenas de viviendas.

Ciertamente, el ramo de los fuegos artificiales es una actividad productiva, cultural y recreativa que entraña un elevado grado de riesgo para productores, distribuidores y usuarios finales, pero Tultepec, considerado como capital nacional de la pirotecnia, ha pagado un precio demasiado elevado por dedicarse principalmente a ella. Los componentes y los productos de la cohetería no lesionan ni matan por sí mismos; lo letal es el descuido, la falta de regulación y las condiciones inadecuadas para fabricarlos, almacenarlos, transportarlos, venderlos y utilizarlos.

En este sentido, es inevitable señalar que la supervisión gubernamental ostenta deficiencias, que la proliferación de talleres y centros de almacenamiento clandestinos no puede explicarse sin un grado de corrupción por parte de las autoridades y que hay, entre los productores de Tultepec –y de otras localidades en cuyas actividades económicas y sociales la pirotecnia ocupa un lugar significativo–, carencias de capacitación y de cultura de la seguridad, y posiblemente también de tecnología. Asimismo, puede ser que la competencia de mercancía extranjera lleve a una precarización de las condiciones de producción y manejo de los fuegos artificiales.

Todos esos factores permiten entender la inadmisible frecuencia de los accidentes fatales relacionados con la pirotecnia en diversas poblaciones del país y en Tultepec en particular. Es necesario, pues, que se establezca una política pública integral que dignifique, regularice y garantice las operaciones seguras en el sector, y que ello ocurra antes de que los siniestros generen una fobia social al ramo y se generalice una exigencia prohibicionista que resultaría desastrosa para empresarios, trabajadores y consumidores de pirotecnia, particularmente, las comunidades en cuyas fiestas resulta un elemento fundamental.