La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) documentó que entre febrero y mediados del presente mes 23 personas, 21 hombres y dos mujeres, fueron víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en lo que constituye una ola de desapariciones sobre las cuales existen fuertes indicios de que habrían sido cometidas por una fuerza federal de seguridad. Al menos cinco de las víctimas son menores de edad, tres de ellas de 14 años. Así lo indicó ayer Zeid Ra'ad Al Hussein, titular de esa oficina, aunque organizaciones locales de derechos humanos afirman que son al menos 40 los casos de desaparición forzada en esa localidad.

El funcionario internacional señaló, con base en los testimonios recabados, que la mayoría de esos delitos habrían sido cometidos durante la noche o la madrugada por personal uniformado mientras las víctimas caminaban o conducían por carreteras; varios vehículos fueron encontrados al lado del camino, quemados y baleados. Al Hussein demandó a las autoridades mexicanas una búsqueda efectiva de las personas en paradero desconocido, así como una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y presentarlos ante las instancias de justicia correspondientes. Asimismo, pidió que se provea asistencia a los familiares de las víctimas y comentó: es extremadamente preocupante que estas desapariciones forzadas se produzcan pocos meses después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones.

Aunque el representante de ONU-DH no especificó a qué corporación federal se refería, es significativo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya emitido medidas cautelares el pasado 10 de mayo a varios cuerpos oficiales de seguridad –entre ellos, la Secretaría de Marina, que opera regularmente en la región– para proteger a la población civil de Tamaulipas. Pese a ello, en los 20 días transcurridos desde entonces se registraron en Nuevo Laredo cuando menos tres desapariciones forzadas más.

Aunque es claro que la mayor parte de esa clase de delitos ha sido cometido en el pasado reciente por grupos de la delincuencia organizada, resulta aterrador pensar en que personal de las instituciones encargadas de la seguridad pública esté incurriendo en un patrón que parece sistemático, y que obliga a preguntarse si en esa zona del país hay en curso una suerte de operación de limpieza social o exterminio de presuntos delincuentes. Es pertinente recordar, al respecto, que aunque no existen pruebas concretas de tal práctica horrenda en el país, sí hay indicios de que pudo recurrirse a ella en años recientes, particularmente en entidades como Nuevo León y Veracruz.

Cabe señalar, finalmente, que lo peor que puede hacerse cuando se busca restablecer la seguridad y el estado de derecho es violentar el marco legal que se busca restaurar. Ante la sospecha de que algo parecido ha podido ocurrir en el noreste de México, son responsabilidades imperativas del Estado el esclarecimiento total y a fondo, el deslinde de responsabilidades que corresponda y la fiscalización rigurosa del accionar de las corporaciones policiales y militares.