Lev M. Velázquez Barriga*

La semana anterior, los candidatos presidenciales de las tres grandes coaliciones electorales tuvieron la oportunidad de ahondar en sus propuestas educativas; dos decidieron hacerlo frente a los organismos empresariales articulados por Mexicanos Primero en el foro 10 por la educación, y uno solo encarando a las diversas expresiones del magisterio; es decir, a la comunidad de aprendizajes que vive cotidianamente en carne y hueso las condiciones del sistema nacional de educación. Los temas que se desprenden son varios, pero voy a recuperar tres que considero los principales agravios de la reforma educativa: evaluación contra los derechos de los maestros, modelo educativo para la explotación laboral y privatización escolar.

Ninguno de los tres abanderados negó la importancia de las evaluaciones, ni la atención a la formación de los educadores, aunque para tal efecto sólo Andrés Manuel López Obrador dijo que fortalecería las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional; a diferencia de los otros, se manifestó por una evaluación que no vulnere los derechos de los docentes, incluso por la cancelación de la reforma educativa, lo cual no significa la abrogación total, pero sí detener sus efectos laborales y administrativos, que han tenido como consecuencia docentes cesados y presos políticos.

La agenda pedagógica de los organismos multinacionales con el inglés, las tecnologías digitales y el desarrollo socioemocional como las tres habilidades para potenciar el trabajo en el capitalismo de siglo XXI, que transita de la producción fabril a la producción automatizada y digital, permea en las propuestas difundidas por los tres candidatos, como si el más urgente problema que la educación debe atender de la sociedad fuera educar en las necesidades laborales de las empresas. En tal caso, Meade y Anaya no dejaron ver ninguna posibilidad de ruptura con esa ruta hacia las nuevas formas de explotación humana; Obrador, por su parte, abre una puerta a la inclusión de las propuestas alternativas de educación que han sido creación auténtica de los maestros democráticos y que, en sentido opuesto a los grupos de poder, colocan en el centro tres planos indispensables de la formación: el desarrollo humano, la democratización del país y el buen vivir.

Por lo que respecta a la dimensión privatizadora de la escuela, los candidatos de las coaliciones Todos por México y Por México al Frente se mostraron en favor de los modelos de endeudamiento y privatización por medio de los certificados de infraestructura educativa nacional (CIEN); Anaya fue más allá al proponer favorecer a las escuelas privadas con estímulos fiscales. Por su parte, el abanderado de Juntos Haremos Historia proclama en su decálogo a la educación como un derecho y no un privilegio, por tanto, la necesidad de fortalecer su carácter público, gratuito, de calidad, además de la suspensión de las cuotas que pagan los padres de familia.

Quiero resaltar una peligrosa coincidencia. Los tres candidatos se muestran en favor de la descentralización educativa y la autonomía presupuestaria; ambos elementos constituyen el último escaño para desresponsabilizar al Estado del financiamiento de la educación que antes había pasado por traspolar responsabilidades de la Federación a las entidades, de ahí a los municipios y ahora directamente al centro escolar. La administración escolar descentralizada es una propuesta de la OCDE para focalizar los recursos públicos, esto es lo que la reforma mexicana llamó escuela al centro, que tiene como objetivo reducir la capacidad de atención excluyendo a las escuelas indígenas, rurales, comunitarias y periféricas de las ciudades.

La autonomía presupuestaria, es decir, la entrega de recursos económicos para el ejercicio directo en la escuelas, es el primer paso hacia los centros educativos concesionados, subvencionados o concertados, según sea el nombre que aparezca en las reformas educativas neoliberales en el mundo. Un grupo de negociantes de la educación, activos en México como consultores desde hace años en nombre de la sociedad civil en las instituciones educativas y los consejos de participación social, terminaría siendo el administrador de la escuela semiprivada con financiamiento estatal.

Caso aparte merece la propuesta de José Antonio Meade para ampliar las escuelas de tiempo completo de 25 mil a 100 mil. El engañoso propósito debe ser leído en otro sentido, pasar de 230 mil existentes a sólo 100 mil; la tendencia actual de las escuelas de tiempo completo apunta a reducir al máximo el universo de centros escolares, agilizando la compactación de grupos, la movilidad obligatoria de los docentes, descobijando escuelas de organización incompleta y la desaparición de los dobles turnos. El modelo curricular que las rige no cambia, tal pareciera que se trata de entretener, pero no de aprender. Los docentes y directivos gestionan actividades de aprendizaje extraoficial, en muchos de los casos con personal subcontratado o a cargo de los bolsillos de los padres de familia, apuntalando así la precariedad laboral y la privatización educativa.

Finalmente, ninguno de los espacios donde los candidatos tuvieron la oportunidad para recuperar propuestas venidas desde los actores de la educación fue el más democrático. Diez por la educación estuvo secuestrado por la sociedad civil pro empresarial y el encuentro de Guelatao, que prometía ser un congreso pedagógico, terminó siendo mitin de campaña.