El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola, afirmó que en la Iglesia católica hay tristeza y vergüenza por sus ministros y feligreses involucrados en casos de pederastia clerical y ofreció que la institución se ceñirá al marco legal para que las personas que han cometido estas transgresiones sean llevadas hasta las autoridades correspondientes. Asimismo, en el curso de la presentación del Proyecto Global Pastoral hacia 2031-2033, el prelado, obispo auxiliar de Monterrey, formuló el propósito de comprometernos a vigilar y erradicar este mal, a atender a los afectados y a sus familiares, a fortalecer la cultura de la denuncia y a emprender acciones en la formación permanente de los presbíteros.

Miranda Guardiola agregó que los integrantes del clero católico son conscientes de la deuda que tenemos y que ya hay líneas de acción canónica aprobadas desde el año pasado que se aplican en diferentes diócesis del país, al igual que “un protocolo de acción sujeto al marco legal nacional para actuar con toda responsabilidad aplicando la ley.

Las expresiones del secretario general de la CEM tienen como telón de fondo internacional la agudización de los conflictos en el catolicismo por las denuncias de abusos sexuales y de encubrimiento de éstos por parte de curas y jerarcas religiosos, y cuya expresión más reciente es el traspié protagonizado en enero pasado por Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, en su visita a Chile, donde se enfrentó a fuertes protestas por hacerse acompañar por Juan Barros, obispo de Osorno, quien enfrenta acusaciones masivas por atestiguar y encubrir agresiones sexuales, a las que Francisco calificó de calumnias.

Para mayor escarnio, ese prelado estuvo presente en el servicio religioso en el que el Papa argentino expresó el dolor y la vergüenza de Roma por el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Unos meses más tarde, en abril pasado, Francisco envió una carta a la Conferencia Episcopal de Chile en la que reconoció haber cometido graves equivocaciones de valoración en su defensa de Barros y manifestó su disposición a reunirse con representantes de las víctimas.

Lo cierto es que, en el mundo y en nuestro país, la jerarquía eclesiástica está siendo obligada a enfrentar la realidad de los delitos sexuales cometidos por muchos religiosos, sobre todo contra menores y mujeres, y a tomar distancia de las prácticas de encubrimiento y complicidad para con los agresores, las cuales han sido sistemáticas en numerosas diócesis, arquidiócesis y nunciaturas del planeta.

En tiempos recientes, en México, la arquidiócesis capitalina fue severamente cuestionada por los señalamientos contra Norberto Rivera Carrera, quien fue involucrado en una investigación penal en Los Ángeles, California, por haber protegido durante décadas al cura Nicolás Aguilar, quien fue acusado de abusar sexualmente de 26 menores en esa ciudad y de otros 60 en Puebla, y quien hasta la fecha sigue prófugo.

En contraste, el sucesor de Rivera Carrera, Carlos Aguiar Retes, anunció desde el inicio de su arzobispado una política de tolerancia cero hacia la pederastia y pocos días después de haber asumido el cargo episcopal dio cuenta de la detención y consignación de un cura en la delegación Cuauhtémoc por presunta agresión sexual contra un menor, y anunció la suspensión eclesiástica del imputado en tanto se resolviera su situación legal.

Cabe esperar, pues, que lo manifestado ayer por el obispo Miranda Guardiola se inscriba en esta tendencia positiva, que la jerarquía católica mexicana vaya más allá del discurso y se comprometa a prevenir la pederastia, a sancionarla de acuerdo con el derecho canónico y a denunciarla ante las autoridades civiles correspondientes.