Carlos Fazio

México vive en la coyuntura de una aguda lucha de clases. Una violenta lucha de clases promovida por los que mandan: los barones del dinero. Se trata de una violencia impulsada por una minúscula clase capitalista trasnacional (CCT), que ha integrado a México al nuevo sistema globalizado de producción, finanzas y servicios. La CCT está formada por los propietarios y gerentes del capital trasnacional, que operan como agentes del capitalismo global. Sus intereses radican en promover circuitos de acumulación de capitales globales; no nacionales. Pero como dice William I. Robinson, a pesar de la retórica del fundamentalismo del mercado total, el sistema capitalista no puede sostenerse únicamente mediante las relaciones de mercado. Para funcionar, el capitalismo requiere del Estado. Por eso, con mayor profusión desde los años 90 del siglo XX, de la mano de la dictadura del pensamiento único neoliberal, al igual que en los centros de poder hegemónico, la clase capitalista trasnacional mexicana viene impulsando una insurgencia plutocrática (Robert Bunker) para subordinar al Estado.

Al amparo del presidencialismo autoritario y ejerciendo un poder de facto (de hecho), que no de jure (legal), la cúpula empresarial y financiera y los personeros del capital trasnacional desmantelaron el viejo Estado social (o benefactor) y lo sustituyeron por un Estado niñera a su servicio (Chomsky dixit). A partir del dominio de recursos vitales y/o estratégicos que le dan el control de la ideología, la sociedad y la economía, obtenido la más de las veces mediante el tráfico de influencias −una práctica ilegal (ya que se basa en la corrupción, el cohecho, el soborno y el lobby) o al menos éticamente objetable−, la CCT privatizó y secuestró el poder del Estado mexicano y lo utiliza en función de sus intereses; para obtener favores o un tratamiento preferencial.

Así, luego de destruir y/o reducir todo lo referente al contrato social que los trabajadores y los pobres habían conseguido tras un siglo y medio de grandes luchas, la clase dominante generó un nuevo y poderoso Estado nana que les proporciona los recursos públicos, los subvenciona y los protege. Ello no fue fruto de la voluntad popular, sino, básicamente, de una corporativización del poder a través de la unción fraudulenta o inducida de sucesivos presidentes neoliberales, que han venido actuando como gerentes o administradores de los intereses del gran capital, con apoyo de una partidocracia que abdicó del interés público; lo que dio como resultado una forma de tiranía privada depredadora (Chomsky) que se ha dedicado a asaltar y saquear los presupuestos públicos (Robinson).

La clase capitalista trasnacional mexicana tiene rostro: está integrada por un puñado de megamillonarios entre los que figuran Carlos Slim Helú (Grupo Carso), Germán Larrea (Grupo México), Carlos Hank Rhon (Grupo Banorte), Alberto Baillères (Industrias Peñoles), Ricardo Salinas Pliego (Tv Azteca) y Emilio Azcárraga Jean (Televisa). Son 16 hombres y mujeres que aparecieron en el listado 2017 de la revista Forbes, algunos de los cuales integran el multicitado Consejo Mexicano de Negocios (CMN), integrado por unas 40 familias propietarias de grupos como Kimberly-Clark de México, Posadas, Mexichem, Femsa, Bachoco, Modelo, Vitro, Banamex-Accival, Bimbo y Soriana, que suscribieron el Así no contra Andrés Manuel López Obrador.

El aumento del poder privado trajo la eliminación de los derechos de los trabajadores, de los derechos políticos, del derecho al sustento básico e incluso de lo que solía llamarse el derecho a la vida. La polarización sin precedente de la riqueza entre los pocos que tienen mucho y las mayorías que no poseen casi nada, agravó las contradicciones internas y viene generando conflictos sociales y crisis de legitimidad estatales. Esa división de la sociedad entre ricos y masas pauperizadas ha creado un nuevo apartheid de la pobreza.

Para ganar legitimidad, en tiempos electorales las élites opresoras (la burguesía organizada, diría Marx) se disfrazan de liberales y suelen presentar su propio proyecto (de dominación encubierto) como representante de toda la sociedad, y a través de los medios de difusión masiva bajo control monopólico privado, califican de populistas a quienes impulsan un proyecto alternativo de nación. Asimismo, en tales circunstancias, los poderes fácticos se presentan como la encarnación (en realidad usurpación) de la sociedad civil, término que surgió como propuesta contraria a la concentración del poder y negación del corporativismo.

Junto a la reconfiguración de una nueva estructura de relaciones sociales de dominio y explotación de los trabajadores por los propietarios de los bienes de producción y sus colaboradores (ciudad-campo, clases sociales), la plutocracia mexicana y sus socios de la CCT han venido impulsando el co­lonialismo interno. Es decir, la explotación de unas regiones por otras con la zanahoria del progreso, el desarrollo y la modernidad. Verbigracia, la ciudad Slim del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), proyectada por el dueño del Grupo Carso en asociación con el Grupo Atlacomulco y el clan Salinas de Gortari, y las zonas económicas especiales (ZEE) que administra Gerardo Gutiérrez Candiani.

Lo anterior tiene que ver con la ocupación de los espacios territoriales y sociales; con la ocupación, apropiación, redemarcación y restructuración del espacio (Lefebvre), por redes de poderosas empresas oligopólicas y sus milicias paramilitares (para el control represivo) con apoyo gubernamental, vía expropiaciones y/o el despojo de territorios y la creación de una economía de enclave (maquila), que asfixia a la producción local, elimina a buena parte de los medianos y pequeños empresarios, y se ensaña con los artesanos y las comunidades. En todo caso, la alternativa de sumisión con expoliación o desempleo con exclusión se plantea como la opción racional a los pobladores y trabajadores y sus familias (González Casanova).