Las principales ciudades de España fueron escenario ayer de manifestaciones de protesta en contra de la sentencia atenuada que recibió un grupo de cinco jóvenes sevillanos conocido como La Manada, que en el verano de 2016, en Pamplona, en el curso de la fiesta popular conocida de San Fermín, violaron tumultuariamente a una joven madrileña, videograbaron la agresión y robaron el teléfono celular de la víctima.

Basados en un subterfugio legaloide, dos de los tres magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Navarra –José Francisco Cobo y Raquel Fernandino– fallaron en el sentido de que el ataque puede considerarse abuso sexual pero no por violación, dado que en los videos de referencia no apreciaron signos de resistencia por parte de la joven ni uso de la fuerza física para doblegar la voluntad por parte de los agresores. Para colmo, el tercer juez, Ricardo González, estimó que no hubo abuso ni agresión, sino únicamente explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo y pidió la absolución de los reos. Por lo demás, el fallo absuelve a los violadores de los delitos de agresión sexual, robo con violencia, intimidación y ataque a la intimidad.

Para efectos prácticos, el impresentable matiz de los magistrados significa que los agresores no recibirán sentencias de 22 años de cárcel, como lo exigían la fiscalía y la defensa de la víctima, sino penas de nueve años de prisión y el pago de una indemnización total de 50 mil euros, a pagar entre todos.

Como se recordará, la denunciante ha señalado de manera consistente en sus declaraciones que, ante la situación de total indefensión en la que se encontraba, e intimidada por la superioridad numérica y de complexión de sus atacantes, optó por no resistirse y se limitó a no pensar, a cerrar los ojos, a esperar que el tiempo pasara rápido y la agresión terminara cuanto antes, y cuando la agresión finalizó, presentó una denuncia que culminó con la detención de los imputados: Ángel Boza Florido, Alfonso Jesús Cabezuelo (soldado), Jesús Escudero Domínguez, Antonio Manuel Guerrero Escudero (policía) y José Ángel Prenda Martínez.

El estallido de indignación generado por la sentencia en contra de los integrantes de La Manada, –así llamados por el grupo de WhatsApp en el que se comunicaban– apunta a una de las claves de la creciente violencia de género que se vive en España y en muchos otros países (incluido, desde luego, el nuestro): la resistencia en las instituciones de justicia para sancionar los actos de esa violencia con todo el rigor que la ley permite, lo que se traduce en impunidades totales o parciales, en la consiguiente indefensión de las víctimas que se atreven a denunciar y, finalmente, en el descrédito de tribunales en los que impera el machismo e incluso una actitud de complicidad para con los agresores.

El torcimiento de la justicia en el caso de La Manada obliga a recordar episodios similares ocurridos en México y que se han saldado con una denegación total o parcial de justicia, como el de la violación de una menor perpetrada por una pandilla juvenil veracruzana que se hacía llamar Los Porkys, o el impresentable fallo de 2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que absolvió al ex gobernador de Puebla Mario Marín y al empresario de esa entidad Kamel Nacif, quienes documentadamente conspiraron para encarcelar y agredir sexualmente a la periodista Lydia Cacho.

Cabe esperar, finalmente, que la presión y la indignación sociales sean capaces de hacer ver a jueces y tribunales la imperiosa necesidad de sacudirse la misoginia, la insensibilidad y el machismo que caracteriza a los ámbitos judiciales en buena parte de los países y de ponerse a la altura para hacer su tarea ante la epidemia de violencia de género en todas sus manifestaciones –desde el acoso callejero verbal y gestual hasta el feminicidio– que campea en el mundo.