Tras el escándalo por el trasiego de datos de usuarios entre Facebook y la consultora Cambridge Analytica, que los utilizó para influir en resultados comiciales en diversos países, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, salió en defensa del convenio que esa institución estableció con la empresa de Mark Zuckerberg a principios del mes pasado para capacitar a funcionarios electorales en el manejo de esa red social, difundir “productos cívicos diseñados para incentivar la participación (…), un botón de Elector Informado con información sobre el proceso electoral y recursos para poder localizar sus casillas y conocer sus horarios de apertura”, así como para utilizar un sistema que supuestamente permitiría combatir las noticias falsas.

El convenio marco generó suspicacias desde un primer momento, a lo cual el titular del INE alegó que ese organismo no iba a poner a disposición de la red social información que no se puede dar por ley, en referencia, al parecer, a los datos contenidos en el padrón electoral.

Ayer, Córdova Vianello reiteró esa afirmación, aseguró que el propósito del acuerdo no era censurar la falsa información electoral que circula en la red social sino colocar a su lado datos verdaderos para contrarrestar la desinformación y adujo que debía adelantarse a una oleada de descalificaciones por la colaboración entre el INE y Facebook.

A lo que puede verse, el funcionario electoral no ha logrado comprender la esencia del escándalo internacional en curso ni la forma en la que Cambridge Analytica (CA) obtuvo y utilizó la información de los usuarios de la red social; se empecina, por ello, en un desmentido que no viene al caso y pasa por alto el problema central.

Es claro que el INE no pretende entregar a Facebook la base de datos del Registro Federal de Electores; el punto es que los datos de usuarios que esa red social ya posee fueron obtenidos y mal utilizados por un despacho privado que, con métodos cuestionables y posiblemente ilegales, buscó distorsionar procesos democráticos y que, por ahora, prácticas como la señalada escapan por completo al control de la institución que Córdova preside.

De hecho, hasta donde se sabe, la consultora se valió de una aplicación o plugin de apariencia inocente para capturar perfiles, preferencias, gustos, amistades y demás características de millones de usuarios a fin de colocar en sus pantallas propaganda política direccionada con el propósito de influir en el sentido de su voto. Miles de firmas comerciales recurren a esa forma personalizada de publicidad en diversas redes sociales; lo escandaloso es que CA haya empleado el recurso con el objetivo de llevar un proceso comicial en la dirección que convenía a sus clientes.

Resulta por demás preocupante que el máximo responsable de la entidad pública encargada de organizar las próximas elecciones no sea capaz de ver la gravísima distorsión democrática que el asunto conlleva y que, en lugar de plantearse la necesidad de mecanismos de control para detectar e impedir esta clase de intromisiones, se empecine en defender el insostenible acuerdo con Facebook y anuncie, para colmo, la firma de convenios similares con Twitter y con Google, plataformas que también se encuentran a merced de la acción masiva y subrepticia de intereses electorales inconfesables.