Amediados de 2015, cuando la empresa constructora ICA se encontraba cerca de la quiebra, los directivos del fondo de pensiones de los trabajadores del Estado (Pensionissste) decidieron invertir 21.5 millones de dólares en acciones de esa compañía. En ese momento ICA atravesaba por una circunstancia crítica: el precio de sus acciones experimentaba una caída de alrededor de 50 por ciento debido a la reducción del gasto gubernamental en infraestructura y al incremento de la deuda de la empresa en dólares debido a la depreciación del peso. A pesar de esas señales de alarma, los responsables del Pensionissste invirtieron 400 millones de pesos en acciones a un precio de siete pesos cada una, pero la corporación se declaró en suspensión de pagos en diciembre de ese mismo año.

En agosto de 2017 ICA y sus filiales presentaron una solicitud de concurso mercantil para su restructura, lo que significó la suspensión en la cotización de sus acciones, cuyo precio quedó fijado en 1.48 pesos. Finalmente, la semana pasada un juez aprobó los convenios entre la empresa y sus acreedores y a raíz de ello la participación de Pensionissste y de otros accionistas de ICA quedó reducida a 0.01 por ciento de la inversión original; en otros términos, los 400 millones invertidos por el fondo de pensiones se redujeron a 4 millones, esto es, a un centavo por cada peso que se gastó en la compra de los títulos. En contraste, los inversionistas privados que decidieron sacar a flote a la empresa constructora compraron deuda, no capital, y se verán beneficiados por la restructuración de la compañía.

A decir de Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en su momento esa dependencia examinó la referida compra de acciones y encontró que cumplía con las normas vigentes. Tapen Shina, profesor del ITAM especializado en gestión de riesgos y fondos de pensiones, dijo en cambio que se habría debido evitar semejante inversión y que debería haber alarmas en la gestión de riesgos dentro de Pensionissste.

Aunque se ha legalizado la bursatilización de los fondos de pensiones y jubilaciones en el país, las operaciones correspondientes se realizan en total opacidad y con una discrecionalidad que da pie a sospechar de transacciones marcadas por el dolo y la corrupción, como podría ser este caso, y a acciones orientadas a beneficiar a algunas firmas a costillas de los ahorros de millones de personas.

En términos generales, jugar a la bolsa con el dinero de los trabajadores –los del Estado y los del sector privado– podrá ser legal, pero difícilmente esta práctica podría ser calificada de sensata o ética. En los hechos, el actual sistema de ahorro para el retiro recibe aportaciones del gobierno, de los empleadores y de los propios trabajadores y las confía a ejecutivos y funcionarios que determinan a voluntad la manera de invertirla, sin que los propietarios del dinero sean consultados y ni siquiera informados de manera oportuna sobre los destinos en los que se invierte. Como consecuencia, a más de 20 años de implantado el sistema de ahorro para el retiro se determinó que las aportaciones obligatorias eran insuficientes para garantizar jubilaciones dignas, no sólo por el incremento de la esperanza media de vida, sino también por las elevadas comisiones de administración que cobran las Afores.

A la vista de la desastrosa inversión de Pensionissste en ICA y habida cuenta de la insuficienia y disfuncionalidad del actual esquema de pensiones, es claro que se debe proceder a su reformulación y rediseño, así como a fortalecer los mecanismos de control para evitar que vuelvan a ocurrir pérdidas millonarias como la comentada.