La Fiscalía de Jalisco, apoyada por efectivos del Ejército Mexicano, intevino ayer a la policía de San Pedro Tlaquepaque, municipio conurbado a Guadalajara, con la finalidad de revaluar a sus elementos ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado, según informó el gobernador de esa entidad, Aristóteles Sandoval. La policía estatal fue puesta a cargo de resguardar la seguridad local y los elementos de la municipal fueron enviados a una academia para ser capacitados y evaluados.

Hace unos días ocurrió algo semejante en Tecalitlán, Jalisco, donde tres ciudadanos italianos fueron víctima de desaparición forzada, al parecer por policías que los habrían entregado a la delincuencia organizada.

Estos hechos obligan a poner en perspectiva la fallida premisa de la estrategia gubernamental de seguridad establecida desde diciembre de 2006, cuando se recurrió al uso sistemático y masivo de las fuerzas armadas para combatir la criminalidad como una medida provisional, con el argumento de que las corporaciones policiales carecían de la capacidad para llevar a cabo esa tarea, fuera por falta de capacitación o porque estaban infiltradas. Se dijo entonces, y lo mismo se ha venido repitiendo año tras año, que las policías estatales y municipales del país requerían de saneamiento y profesionalización a fin de estar en condiciones de cumplir con su responsabilidad legal en la recuperación de la seguridad pública. Asimismo, se ha propuesto una y otra vez el establecimiento del mando único para asegurar el control y la disciplina entre los organismos policiales civiles. Lo cierto es que las escenas de soldados que desarman y someten a cuerpos enteros de policía se han repetido una y otra vez durante el sexenio anterior y el presente, y que a 12 años de distancia es inevitable concluir que nada de eso ha funcionado, que hoy la situación es igual o peor que a inicios de la administración calderonista y que sigue imperando la descomposición en instituciones que debieran encargarse de garantizar el orden, prevenir el delito e investigar transgresiones a la ley, identificar a los responsables y ponerlos a disposición del Ministerio Público para que éste, a su vez, realice el deslinde de responsabilidades y formule las imputaciones a que haya lugar ante un juzgado.

Para ilustrar este aserto, baste con mencionar casos tristemente emblemáticos pero no excepcionales: la atrocidad perpetrada el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde policías de esa localidad, en connivencia con los de Cocula y de Huitzuco, agredieron a balazos a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y participaron en la desaparición de 43 de ellos, cuyo destino se ignora hasta la fecha; la captura, en febrero pasado, de policías de Valle de Bravo, estado de México, involucrados en la desaparición de un joven; el caso de la fuerza pública ci-vil de Nayarit, que durante la administración de Roberto Sandoval fue colocada de facto bajo el mando del ex fiscal estatal Édgar Veytia, quien a su vez fue detenido hace un año en San Diego acusado de pertenecer a una organización de narcotraficantes, y las reiteradas conductas criminales de efectivos policiales estatales veracruzanos que al menos en dos casos han sido acusados de desapariciones forzadas que han culminado en el asesinato de las víctimas.

A estas alturas es claro que la necesaria profesionalización y depuración de las corporaciones policiales estatales y municipales ha sido insuficiente o improcedente, o que simplemente no ha sido llevada a cabo, y que instrumentos de control tales como los llamados exámenes de confianza están mal diseñados: resulta inexplicable, por ejemplo, que se siga recurriendo a un instrumento tan desacreditado científicamente como el polígrafo.

El país no puede permanecer mucho tiempo más sin contar con corporaciones policiales confiables y capaces de llevar la parte sustancial del combate a la delincuencia. Sería peligroso y aun catastrófico que, en esta circunstancia, se abusara de la recientemente aprobada –e impugnada– Ley de Seguridad Interior para mantener indefinidamente a los militares en esa función. Se requiere, pues, de un cambio en el paradigma de la política de seguridad pública y el combate a la delincuencia.