Andrea Leadsom, presidenta de la Cámara de los Comunes (cámara baja) del Poder Legislativo británico, advirtió ayer que el Parlamento adoptará medidas que marcarán un hito en la historia de la institución, incluida una lista de sanciones que irán hasta la expulsión de legisladores que sean hallados culpables de abuso, a fin de lograr un cambio de cultura.

El señalamiento fue expresado tras la divulgación de un informe multipartidista según el cual 19 por ciento de los empleados del Parlamento ha presenciado o sufrido alguna forma de agresión sexual durante el año pasado, en tanto que 39 por ciento sufrió otras formas de acoso o de conductas inapropiadas. En meses recientes dos miembros del gabinete de la primera ministra, Theresa May, han debido renunciar debido a acusaciones por protagonizar agresiones sexuales.

La determinación del organismo legislativo británico constituye una respuesta acertada para hacer frente en su interior a lo que resulta un fenómeno exasperante de violencia de género que no se circunscribe a fronteras, continentes, culturas o clases sociales, y que ha saltado a los reflectores a raíz de una cascada de denuncias que se iniciaron el año pasado en Estados Unidos, cuando el ex productor cinematográfico Harvey Weinsten fue señalado como acosador y violador por diversas actrices que trabajaron en sus películas. Un antecedente fueron las acusaciones de diversas mujeres en contra de Donald Trump, entonces candidato presidencial, por una serie de abusos sexuales. Pronto las revelaciones adquirieron la característica de una bola de nieve cuando miles de mujeres en muchos países decidieron dar a conocer sus experiencias como víctimas de distintas formas y grados de hostigamiento sexual en las redes sociales.

Lo cierto es que la violencia de género es un asunto que no puede ser soslayado por las sociedades, los gobiernos, los organismos internacionales, los grupos sociales, los partidos políticos, las iglesias y el mundo empresarial. La democracia, la legalidad y otros principios básicos en los que fundamentan su existencia los estados modernos quedarán exhibidos como una simulación si no se emprende un esfuerzo multilateral, multidisciplinario y generalizado para poner fin a todas las formas de abuso que sufren las mujeres, tanto en la calle como en sus sitios de trabajo o estudio y en sus hogares, que van desde expresiones verbales de machismo por parte de desconocidos hasta el feminicidio; es importante considerar que entre las primeras y el segundo hay un denominador común y que si no se erradica de la cultura las ideas misóginas predominantes, no será posible asegurar los derechos de las mujeres –desde la equidad laboral hasta la seguridad física y emocional, pasando por la potestad soberana de decidir sobre su propio cuerpo– y el mundo seguirá viviendo, en consecuencia, en estados de derecho imaginarios para la mitad de la población.

Por lo que respecta a nuestro país, resulta imperativo que la generalidad de las instituciones públicas y privadas de México emprendan diagnósticos serios, honestos y autocríticos sobre las condiciones que enfrentan las mujeres que trabajan en ellas. Sin duda, el ejemplo del Parlamento británico debe ser adoptado, sin desconocer que no basta por sí mismo: se requiere, además, de campañas educativas, de acciones administrativas y de una efectiva voluntad de hacer cumplir las leyes que sancionan las múltiples formas de violencia de género.