El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, pidió ayer que se culmine la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual se encuentra paralizado e incompleto por una manifiesta falta de voluntad política: aunque debió iniciar operaciones desde julio del año pasado, hasta la fecha no hay nombramientos para los juzgados especializados, la fiscalía anticorrupción sigue acéfala, no hay coordinación alguna entre las dependencias e instancias que debieran estar involucradas –la Procuraduría General de la República convertida en Fiscalía, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador–, no se sabe de avances en la constitución de la plataforma digital nacional que permitiría concentrar la información y las homólogas estatales del sistema no han sido ni siquiera legisladas en diversas entidades.

El dirigente empresarial argumentó la urgencia de contar con el SNA con base en el 9 por ciento del PIB que, según el Banco Mundial, se pierde en México debido a la corrupción, esto es, nueve pesos de cada 100 que produce la economía.

La cifra es, sin duda, alarmante y exasperante, pero a estas alturas parece dudoso que el SNA sea el instrumento adecuado para revertirla. Cabe recordar que esa entidad fue establecida en la legislación nacional a raíz de presiones sociales, especialmente del propio empresariado, y ante la serie de revelaciones sobre desvíos, desfalcos y enriquecimientos inexplicables de funcionarios, mismas que han sido una constante en el presente sexenio. Hoy se tiene un conjunto de dependencias y entidades truncas e incompletas que representan una considerable erogación adicional y que han producido, en conjunto, cero resultados. Su única utilidad visible fue reducir la presión de los grandes capitales sobre el gobierno.

Pero el diseño del SNA habría sido innecesario si las dependencias encargadas de fiscalizar la correcta aplicación de los recursos públicos, la probidad de los funcionarios y la transparencia de las finanzas estatales (particularmente, la dupla PGR-SFP) hubieran cumplido con sus obligaciones legales, y en ese sentido habría sido preferible concentrarse en exigir al gobierno que combatiera la corrupción en las oficinas públicas con los instrumentos de los que ya dispone y disponía, que en concebir nuevas y mastodónticas instituciones cuya inoperatividad e inconclusión permiten hoy día la perpetuación de las malas prácticas en la administración del erario, las operaciones inescrupulosas y la opacidad en general.

Por lo demás, a estas alturas del sexenio resulta un tanto anacrónico e improcedente demandar que se concluya la puesta en marcha del SNA. Parecería más pertinente exigir que el gobierno que habrá de iniciar el 1º de diciembre de este año se comprometa, sea cual sea su signo partidista, a emprender un combate serio, frontal y permanente contra la corrupción. Y para ello lo que se requiere es que se conforme con la voluntad política para cumplir las leyes a cabalidad. Ni más ni menos.