El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, informó ayer que el gobierno mexicano recibió una petición del estadunidense para permitir la presencia de agentes armados con pistolas eléctricas en vuelos comerciales entre ambos países y en aerolíneas de la nación vecina. El asunto ameritó poco después una ampliación por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien confirmó la existencia de la solicitud, que ha sido formulada varias veces; negó que las pláticas correspondientes formen parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y dijo que “no vamos a negociar ese tratado a cambio de los ‘air marshals’”, como se ha denominado a esos policías aéreos.

Es cierto que en la mesa de las negociaciones comerciales Washington busca concesiones mucho más preocupantes de su contraparte mexicana que una autorización para que haya agentes estadunidenses armados a bordo de los vuelos en territorio nacional; pero este segundo asunto podría traducirse en una afectación a la soberanía nacional que no debe pasarse por alto.

De entrada parece completamente inadecuado aceptar en el ámbito de las relaciones bilaterales una negociación que debiera ser materia de una regulación internacional. Hay instancias adecuadas para elaborarla, entre ellas la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que es la agencia de la Organización de las Naciones Unidas encargada de elaborar las normas y reglamentos de la aeronáutica mundial, así como la entidad privada Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), que es el instrumento de regulación y cooperación de las distintas aerolíneas del mundo.

Que las autoridades mexicanas aceptaran los requerimientos de Washington en materia de vigilancia policial a bordo de los vuelos binacionales representaría una concesión indebida y contraproducente a la megalomanía del presidente Donald Trump, quien se empeña en proyectar una visión unipolar que choca con las realidades multipolares que rigen hoy a la comunidad internacional, y de las que esas dos instancias, la OACI y la IATA, son una muestra clara y funcional.

Peor aún: llevar a la esfera bilateral un asunto que puede y debe ser tratado de manera multilateral, como es la regulación de la seguridad aérea, coloca a nuestro país en una clara desventaja y en una posición subordinada.

Por otra parte, si se adoptan en forma indiscriminada las preocupaciones y las precauciones de Washington –justificadas o no– ante el peligro del terrorismo aéreo, se corre el riesgo de contaminar el panorama de la seguridad nacional mexicana con un problema esencialmente ajeno: México no es, ni debe convertirse en un objetivo de los grupos radicales que se encuentran en la mira de Washington y de sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Ya suficiente carga tiene la institucionalidad nacional con su tarea de hacer frente a los factores internos de violencia y criminalidad como para operar además en calidad de guardaespaldas del gobierno estadunidense y asumir como propios los problemas de seguridad del país vecino.