La cerrazón oficial ante las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha llevado el conflicto demasiado lejos. Varios integrantes de ese sindicato que permanecen en huelga de hambre en el Zócalo capitalino, en especial Cayetano Cabrera Esteva, se encuentran en condiciones críticas de salud tras más de 70 días de ayuno. Resulta imperativo evitar un desenlace fatal, no sólo por el respeto a la vida, que debe ser un valor intrínseco de la sociedad, sino también para conjurar la multiplicación de los enconos que de por sí ha causado el decreto de octubre del año pasado que extinguió a Luz y Fuerza del Centro (LFC) y dejó sin trabajo a más de 44 mil electricistas, un tercio de los cuales –según cifras oficiales– han rechazado la liquidación y se mantienen en lucha por la restitución de su fuente laboral.

A contrapelo de lo afirmado por voces afines al régimen y por las propias autoridades –varias de las cuales han deslizado insinuaciones nunca demostradas sobre la participación de los inconformes en actos de sabotaje a la red eléctrica–, los integrantes del SME se han mantenido en la observancia de las leyes y han recurrido a las vías institucionales correspondientes –desde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– para lograr sus objetivos. Sin embargo, la administración federal se ha apegado, incluso desde antes de la emisión del decreto mencionado, a una actitud de intransigencia y de hostilidad hacia el sindicato, y ha pretendido imponer una solución basada en los términos dictados por ella misma.

En ese empeño, el gobierno calderonista logró el desmantelamiento definitivo e irreversible de LFC mediante un decreto cuya legalidad fue avalada por un controvertido fallo del máximo tribunal del país. Sin embargo, la resolución de la SCJN no atacó la existencia institucional del SME ni refrendó la extinción de la relación laboral entre éste y el organismo público disuelto. En tal circunstancia, y en aplicación de la disposición oficial de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumiera tareas, funciones y activos de LFC, la organización sindical demandó que el primero de esos organisimos se considere patrón sustituto y proceda a continuar la relación laboral del SME con Luz y Fuerza del Centro.

La demanda es atendible y realizable, y la enarbola una organización sindical vigente y regular, como lo demostró la asamblea general extraordinaria que realizó anoche, en la que se ratificó a su dirigencia actual. Si, como aduce el gobierno federal, la desaparición de la paraestatal obedeció a motivos de saneamiento de las finanzas públicas, y no al designio de destruir a un sindicato independiente –como parecen demostrarlo los hechos–, no tendría por qué seguirse negando a la reinstalación de los trabajadores inconformes en la CFE ni al cumplimiento de las condiciones contractuales obtenidas por el SME en casi un siglo de existencia. De actuarse en esta lógica se demostraría, en los hechos, una voluntad real de diálogo y unidad que hoy parece ser una mera insistencia discursiva. Cabe esperar que el Ejecutivo federal sea capaz de comprender, antes de que se llegue a circunstancias trágicas, que la sensatez no está peleada con la firmeza, y que la rectificación es una práctica gubernamental que abona a la convivencia, en tanto el empecinamiento alimenta la ingobernabilidad.