La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integrada por representates de los sectores patronal, gubernamental y sindical, acordó ayer incrementar cinco pesos a ese indicador –que pasa a partir de hoy de 80.04 a 85.04 pesos diarios– y fijó otro aumento de 3.32 pesos adicionales a partir del primero de enero de 2018, con lo cual llegará a 88.36 pesos por día: un incremento cercano a 10 por ciento.

La medida generó reacciones encontradas. Al encabezar en Los Pinos la firma del convenio para el Fortalecimiento del Empleo, el presidente Enrique Peña Nieto se felicitó por el hecho de que los aumentos referidos implican una recuperación adquisitiva que no se había tenido en 30 años. Dijo que el avance del poder adquisitivo supera los índices de las tres administraciones anteriores a la suya. En contraste, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó en un comunicado que el incremento es un avance limitado y de medio camino y sólo cubrirá 92.76 por ciento de la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), nivel que queda por debajo de la meta que había propuesto la propia Coparmex, de 95.84 por ciento de cobertura.

Según fuentes sindicales, el aumento decidido ayer fue resultado de negociaciones muy difíciles en las que la patronal proponía 95 pesos diarios, mientras la Confederación de Trabajadores de México (CTM) propugnaba llevar los minisalarios a cien pesos al día. De ser cierta esta versión –y no habría razón para no creerla– debe inferirse que la representación gubernamental fue la que impuso el límite más bajo, tal vez en acato a las recomendaciones del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien el 10 de noviembre anterior dijo que el aumento debería “ser prudente para no impactar (impulsar) la inflación.

Unos días más tarde, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, pidió un acuerdo prudente y responsable, a fin de evitar que las medidas terminen siendo contrarias a los propios trabajadores (en referencia a un posible efecto inflacionario). Unos días después los propios empresarios se sumaron a tal postura y expresaron, por voz de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que el alza del salario mínimo era una decisión delicada, porque la inflación no ha cedido.

Resulta paradójico que las autoridades se muestren tan cautas en medidas que podrían tener efectos inflacionarios mínimos y asuman el comportamiento contrario cuando se trata de allegarse recursos fiscales mediante alzas desmesuradas a los precios de los combustibles, incrementos que causaron, esos sí, un disparo de la inflación a partir de enero pasado y la economía aún lo resiente.

Pero quizá lo más preocupante no sea la insuficiencia de los aumentos salariales establecidos ayer sino que el punto de referencia para estas decisiones, que es la línea de bienestar fijada por el Coneval, tiene un inocultable componente de ficción. En efecto, resulta difícil sostener que con cien pesos diarios o menos un jefe o jefa de familia pueda, como lo manda el texto constitucional referido a salarios mínimos, satisfacer las necesidades normales en el orden material, social y cultural y proveer a la educación obligatoria de los hijos. Y es que según la Encuesta Nacional de Transporte y Movilidad realizada por la UNAM el año pasado, el gasto familiar promedio en transporte fue de mil 600 pesos al mes, lo que representaría más de 60 por ciento de los 2 mil 650 pesos mensuales a los que llegarán los minisalarios en enero próximo.

En suma, los cinco e incluso los ocho pesos agregados a la percepción laboral mínima que rige en el país tienen más de simulación que de solución a la desesperante pobreza en la que se encuentran millones de trabajadores mexicanos.