Veinte gobiernos que participan en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima (COP23) en Bonn, Alemania, anunciaron ayer la decisión de establecer un calendario para el cierre progresivo de las centrales eléctricas que operan con carbón de aquí a 2030. En respuesta a una iniciativa conjunta de Canadá y el Reino Unido, Angola, Austria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, Islas Fidji, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Islas Marshall, México, Holanda, Nueva Zelanda, Portugal y Suiza se propusieron, además, sumar a otros 30 países de aquí a la próxima reunión de la COP que habrá de realizarse en Katowice, Polonia.

Al anunciar el acuerdo, la ministra canadiense de Medio Ambiente, Catherine McKenna, recordó que el carbón genera 40 por ciento de la electricidad en el mundo, pero es una de las mayores fuentes de contaminación y de los problemas de salud de las personas, asfixia lentamente a nuestras ciudades y es responsable de la muerte prematura de un millón de personas al año. Por su parte, Claire Perry, ministra de Cambio Climático e Industria de Gran Bretaña, señaló que la reducción del consumo mundial de carbón debe ser una prioridad urgente para todos los países, porque es la forma más contaminante de generar electricidad.

El acuerdo es una buena noticia para el mundo en general, y mala para el gobierno de Donald Trump, el cual eliminó en marzo pasado las regulaciones para controlar las emisiones de dióxido de carbono en las termoeléctricas que había establecido su predecesor en el cargo, Barack Obama, restableció la entrega de autorizaciones para explotar carbón en terrenos públicos y acabó con la obligación gubernamental de calcular el impacto social de las emisiones de gases de efecto invernadero. En junio, Trump anunció que Washington abandonaba el Acuerdo de París contra el cambio climático, firmado por 195 países, en lo que constituyó una abierta toma de posición en contra de los esfuerzos mundiales por atenuar los impactos ecológicos de la industria y el calentamiento global. Por añadidura, el actual presidente estadunidense puso fin en octubre al Plan de Energía Limpia, que ordenaba para 2030 una reducción de la contaminación ambiental de 32 por ciento con respecto a los niveles de 2005.

Más aún, esgrimiendo los intereses nacionales de su país y con el pretexto de que generan empleos. Trump se ha erigido en un defensor a ultranza de las actividades extractivas en general, y de carbón en particular. De nada han servido para disuadirlo los enérgicos y unánimes señalamientos de la comunidad científica, de las organizaciones civiles e incluso de grandes corporaciones energéticas e industriales como Exxon, Chevron y General Electric, el magnate neoyorquino ha dejado en claro que la agudización de la destrucción ambiental planetaria lo tiene sin cuidado.

Al margen del empecinamiento del gobierno estadunidense, el acuerdo anunciado ayer deberá hacer frente a diversos obstáculos y requerirá de una inequívoca voluntad política por parte de los países que lo suscribieron para emprender o acelerar la transición a energías limpias, remplazar las plantas generadoras a base de carbón por otras menos contaminantes y, lo más importante en términos sociales, sustituir los puestos de trabajo que generan las plantas mismas y la actividad extractiva que las alimenta por empleos menos riesgosos y con mejores condiciones de trabajo en el ámbito de las energías renovables. Por el bien del mundo, cabe esperar que lo logren y que el gobierno de Estados Unidos encuentre que su posición como defensor de la contaminación, el cambio climático y la destrucción planetaria es ética, social, económica y políticamente insostenible.