En el foro Matrimonio infantil: dimensiones, causas y efectos, realizado ayer en esta capital, se dio a conocer que una de cada cinco mexicanas que hay en el país, más de 6 millones 800 mil mujeres, se casaron o empezaron a vivir en pareja antes de cumplir 18 años. En 2015 fueron contabilizados más de 300 mil menores –de entre 12 y 17 años– que hacían vida conyugal, con o sin matrimonio. El matrimonio infantil afecta a las mujeres en una proporción mucho mayor que a los hombres, pues en promedio se casan 60 veces más mujeres menores de 15 años que hombres, en tanto que en las edades comprendidas entre los 15 y los 17 esa proporción es de seis a uno, según explicó Ligia Alvarenga, subdirectora ejecutiva de Oxfam México.

En el foro, convocado por esa organización y por Save the children (Salven a los niños) y la Red Nacional por los Derechos de la Infancia, con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se detalló que la vida conyugal de personas menores suele ir aparejada con la pobreza, la interrupción de los estudios, la maternidad adolescente y la violencia física, sexual y económica en contra de las mujeres, las cuales llevan, por mucho, la peor parte en esta clase de uniones. A decir de Leonardo Mier, del Unicef México, el matrimonio y las uniones tempranas de niñas constituyen una violación a sus derechos humanos y son consideradas por la ONU como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas.

Es claro que hay una aberración legal en el hecho de que el Código Civil Federal –que data de 1928– no haya sido modificado y que fije como edades mínimas para casarse los 14 años en el caso de las mujeres y 16 para los hombres, a pesar de que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que entró en vigor en 2014, establece los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio. En este punto, resulta insoslayable que los organismos legislativos federales y no pocos de los estatales –Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora– deben emprender con urgencia enmiendas a sus códigos respectivos a fin de armonizarlos con la ley referida.

Desde luego, la situación rebasa con mucho el mero ámbito de la legislación y requiere de un examen social, económico y cultural amplio y abierto, así como de políticas públicas orientadas a contrarrestar este drama social porque, al fin de cuentas, no bastará con prohibir el matrimonio entre menores de edad para erradicar el inicio precoz de la vida en pareja.

El matrimonio infantil tiene resabios de atraso social, en la medida en que solía ser una situación socialmente aceptable, pero es necesario apuntar también a conflictos familiares contemporáneos como la desintegración y la disfuncionalidad. En esos contextos puede ocurrir que los propios padres presionen a sus hijos para iniciar una vida en pareja antes de tiempo, o bien que los menores vean esa circunstancia como una vía de escape a realidades familiares intolerables.

Como quiera que sea, el país debe poner atención a este fenómeno, indeseable por donde se le vea, en tanto que las instituciones –especialmente, las educativas, las de salud y las de política social– tienen ante sí el deber de emprender campañas y programas para evitar que los menores interrumpan su crecimiento para embarcarse en una conyugalidad precoz que, en la mayor parte de los casos, se traducirá en realizaciones personales frustradas y en infelicidad.