John M. Ackerman

La Procuraduría General de la República se encuentra lista para cerrar con broche de alpaca el sexenio de la impunidad. Sin procurador, ni fiscal electoral, ni fiscal anticorrupción, la institución responsable de procurar la justicia en el país deambula como zombi, muerto en vida, listo para archivar, congelar, desechar o simplemente desaparecer todos los voluminosos expedientes donde algún amigo, cómplice o socio de Enrique Peña Nieto pudiera estar implicado en algún delito.

El plan original de Peña Nieto era lograr la tradicional impunidad transexenal por medio de la colocación de personajes leales en las nuevas fiscalías general y anticorrupción. Al fracasar esta estrategia, el inquilino de Los Pinos aparentemente ha decidido pasar al plan B: simplemente desmantelar la PGR y hacer perdidizos los expedientes problemáticos.

Sólo un observador ingenuo creería que el senador priísta Raúl Cervantes haya renunciado su cargo de procurador general con el fin de facilitar la transición a la nueva fiscalía general de la nación. El verdadero propósito de Cervantes sería evitar un futuro proceso penal por encubrimiento o destrucción de evidencias. Prefiere que uno de sus súbditos haga el trabajo sucio de limpiar las inmundas tropelías del sexenio, mientras él toma champaña y juega golf con sus amigos Emilio Gamboa y Jesús Murillo Karam.

El miedo no anda en burro. La lista de graves atropellos a la ley durante el sexenio actual no tiene fin: Ayotzinapa, Odebrecht, Nochixtlán, Javier Duarte, Los papeles de Panamá, Tepic, Tomás Yarrington, la Casa Blanca, César Duarte, Apatzingán, los cientos de presos políticos, Roberto Borge, Ixmiquilpan, Eugenio Hernández, Tlatlaya, el espionaje y el asesinato de periodistas, entre muchos otros escándalos.

Las investigaciones iniciales de estos casos, realizadas por Cervantes, Murillo Karam y Arely Gómez, no son más que cortinas de humo para engañar a la opinión pública. Sin embargo, con un gobierno renovado y un nuevo fiscal general los expedientes ministeriales y judiciales podrían rápidamente tomar el cauce de la justicia.

El despido sumario, sin justificación, del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, responde a la misma búsqueda de impunidad transexenal. Nieto siempre ha sido un funcionario incómodo para el régimen. No es socio, ni amigo, ni familiar del Presidente. Es más, el fiscal ni siquiera recibió su nombramiento de parte del príncipe de Atlacomulco. Nieto fue nombrado directamente por el Senado, con una votación casi unánime, el 19 de febrero de 2015.

Nieto se ha distinguido como el único alto funcionario en materia electoral que se atreve a intentar hacer su chamba. En contraste con la indolencia y la complicidad de todos los consejeros y magistrados electorales, y a pesar del presupuesto raquítico de la Fepade y los constantes bloqueos y sabotajes de parte de sus superiores jerárquicos en la PGR, Nieto avanzaba con su labor.

Todos los fiscales electorales anteriores, nombrados directamente por los procuradores correspondientes, se habían dedicado única y exclusivamente a procurar la impunidad. Algunos ejemplos incluyen a María de los Ángeles Fromow y Arely Gómez, ambas hoy altas funcionarias en el gobierno de Peña Nieto, y José Luis Vargas, actual magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Antes de la llegada de Nieto, la Fepade casi no giraba citatorios ni ejercía acción penal, y mucho menos se involucraba en los grandes escándalos de corrupción y de fraude electoral. Hoy, en cambio, la Fepade ha abierto expedientes contra Arturo Escobar, César Duarte, Emilio Lozoya y Javier Duarte, entre otros. También ha investigado y consignado numerosos expedientes por la compra de votos, la alteración del Registro Federal de Electores y la utilización de programas sociales para fines comiciales.

El despido de Nieto no se basa en violación alguna a la normativa, sino que constituye una vil venganza política. El código de conducta, mencionado por el subprocurador Alberto Elías Beltrán en su comunicado sobre la remoción de Nieto, no tiene fuerza normativa, ya que jamás fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, es cierto que al defenderse públicamente de las presiones de Emilio Lozoya, el fiscal de la Fepade efectivamente rompió las reglas no escritas del sexenio actual de garantizar la más absoluta impunidad para los amigos y socios de Peña Nieto.

El Senado podría reinstalar a Nieto con una simple votación mayoritaria, de acuerdo con el décimo octavo transitorio de la reforma al artículo 102 de la Constitución. La actuación de los senadores calderonistas será clave al respecto, ya que PRI y PVEM juntos no cuentan con suficientes votos para bloquear el retorno del fiscal electoral por sí solos. El pronóstico no es bueno para Nieto, sin embargo, ya que el pacto Peña-Calderón aparentemente está escrito en sangre.