Con presencia o mensajes de respaldo de lo más granado de la derecha española, así como el acompañamiento del sector empresarial, ayer se efectuó en Barcelona la manifestación más grande de los autodenominados catalanes unionistas –o españoles–, quienes se oponen al proceso independentista que impulsa el actual gobierno autonómico y respaldado por 90 por ciento de quienes votaron en el referendo del domingo primero de octubre. La concentración convocada por la asociación Sociedad Civil Catalana (SCC), en la cual participaron también contingentes de otras regiones españolas, buscó llevar a las calles el sentir de aquellos catalanes que se sienten asimismo ligados a España, un sector que tradicionalmente permanece alejado de las expresiones públicas.

La marcha masiva de los unionistas se produjo ante la declaración de independencia de Cataluña, que el presidente Carles Puidgemont plantea realizar ante el Parlamento catalán este martes, en cumplimiento de la ley del referendo aprobada el 6 de septiembre, aunque tanto la sesión legislativa en que se busca proclamar la secesión, como la misma ley que le da sustento, fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional español a instancias del gobierno conservador de Mariano Rajoy.

Es necesario considerar diversos aspectos de este proceso que se ha precipitado durante las semanas recientes, y que en las próximas horas podría vivir una colisión dramática por el empecinamiento de todos los actores en llevar sus posiciones a las últimas consecuencias.

En primer lugar, no puede pasarse por alto que más allá de la postura que se tenga acerca de su legalidad y legitimidad, la secesión supone todo género de dificultades, comenzando por las económicas: la estampida de conglomerados regionales y trasnacionales –incluyendo sus dos mayores bancos–, que han trasladado sus sedes sociales por el temor de quedar fuera de la Unión Europea; las declaraciones de ésta respecto de que el nuevo país quedaría fuera de la comunidad, o una complicación tan elemental como la carencia de moneda propia, son cuestiones insoslayables para cuyos traumáticos efectos Cataluña parece no estar preparada.

Por otra parte, ni los separatistas ni Madrid transmiten a la ciudadanía una comprensión certera de los alcances que tendría la eventual declaración de independencia. En este sentido, la ausencia de mecanismos que hagan de la proclama secesionista una realidad operativa conlleva el riesgo de que la maniobra termine relegada a un acto meramente simbólico, que sin embargo atizaría la inaceptable tentación derechista de repetir el abuso de la fuerza pública y emprender una cacería judicial contra las autoridades autonómicas para aplastar los anhelos de al menos 2 millones de catalanes. En sus actuales términos, el escenario contrario, la consumación del cisma y el surgimiento de un Estado, tampoco representa una salida aceptable para todos los catalanes, como demostró la marcha de ayer.

Lo anterior lleva al tercer elemento en juego, uno que nadie parece dispuesto a ver: los acontecimientos han desembocado en una honda fractura de la sociedad catalana que no puede caracterizarse sino como una confrontación civil pacífica, con posturas que se han tornado irreductibles por la gestión –o mejor dicho, por la falta de ella– efectuada desde las esferas del poder. No se ha planteado ninguna respuesta para este conflicto que se vive en la calle, en cada momento de la vida cotidiana.

Por sobre todas las posiciones, la realidad que debe encararse es la existencia del tema catalán como un problema político cuya única solución se encuentra en el diálogo. Quienes han llegado a convertirse en antagonistas están a tiempo para sentarse a hablar hasta encontrar una solución en la que no haya perdedores, para lo cual será necesario que las élites enfrentadas antepongan los derechos de todos los ciudadanos a sus intereses de grupo.