Luis Raúl González Pérez *

En medio de la emergencia generada a consecuencia de los sismos registrados el 7 y el 19 de septiembre, en México se cumple un año más en el que el dolor y el sufrimiento generado por los trágicos sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero, todavía no encuentra las respuestas que las víctimas han estado buscando desde hace tres años.

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reitera su compromiso con las víctimas y familiares de los normalistas, así como con los del colectivo Avispones de Chilpancingo y con las víctimas en los sucesos paralelos, de atender a cabalidad estos hechos, que están siendo abordados desde cuatro ejes fundamentales: derecho a la verdad, derecho a la justicia, reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares y las garantías de no repetición.

La investigación de este organismo nacional para determinar violaciones a derechos humanos en el caso Iguala continúa. Se exige a la autoridad que en las pesquisas considere todos los aspectos sustentados en elementos objetivos y científicos y no se dé por concluida hasta que se haya esclarecido el destino de los normalistas desaparecidos, y tanto las víctimas como la sociedad en general, tengan conocimiento de la verdad sobre los hechos acontecidos antes, durante y después del 26 y 27 de septiembre en el estado de Guerrero.

Con lo anterior se propiciará la reparación del daño a las víctimas, así como que los responsables de tales actos respondan por los mismos ante las autoridades competentes y reciban la sanción que corresponda conforme a derecho.

A fin de preservar y garan- tizar los derechos humanos de las víctimas que pudieran ser vulnerados de manera irreparable y para que las autoridades e instancias correspondientes pudieran realizar las acciones oportunamente antes de que se volvieran de muy difícil o imposible materialización, la comisión nacional ha hecho públicos tres reportes: el primero de ellos, el 23 de julio de 2015, sobre el estado de la investigación del caso Iguala, en el que se formularon 32 observaciones y propuestas a diversas autoridades, 26 de ellas a la Procuraduría General de la República (PGR); tres a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dos a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y una al H. ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero.

El 14 de abril de 2016, el organismo nacional hizo público un segundo informe denominado Reporte de la CNDH en torno a indicios de la participación de la policía municipal de Huitzuco y de dos agentes de la Policía Federal en los hechos de la desaparición de normalistas en el puente del Chipote, en Iguala”, en el que dirigió 17 observaciones y propuestas a la PGR.

El 11 de julio de ese mismo año, este organismo publicó el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno de los hechos y circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa, fue privado de la vida. En ese documento se plantearon cuatro observaciones a la PGR; una a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y tres a la CEAV.

En estos informes, la CNDH formuló en conjunto un total de 57 observaciones y propuestas a la PGR, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Fiscalía General del Estado y al municipio de Iguala, Guerrero.

Después de un minucioso análisis y revisión de la información y constancias proporcionadas por las autoridades referidas, se informó que, hasta el momento, únicamente nueve pueden considerarse como totalmente atendidas, 36 se encuentran en vías de atención y 12 tienen estatus de no atendidas.

La CNDH, mediante la fuerza que le da la ley, la verdad y la moral, continuará con sus investigaciones sobre el caso Iguala, de manera objetiva, exhaustiva y científica en el ámbito de los derechos humanos y estará atenta al avance en el cumplimiento de las observaciones y propuestas que hasta la fecha ha formulado a diversas autoridades federales, estatales y municipales.

La contingencia que enfrentamos no puede ser óbice para que la sociedad recuerde y reitere su exigencia de verdad, justicia y reparación ante estos hechos, respecto de los cuales, debe reiterarse, no puede haber olvido ni impunidad.

*Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos