El centenar de muertos, las miles de viviendas dañadas, los perjuicios severísimos a la infraestructura, las cerca de 4 mil 500 pequeñas y medianas empresas afectadas, las mil 900 comunidades (en 41 municipios) oaxaqueñas y los 82 municipios chiapanecos con daños de leves a graves, así como las incontables personas que siguen durmiendo a la intemperie y para las cuales la asistencia oficial no ha llegado o ha sido insuficiente, conforman el panorama al que debe hacerse frente en lo inmediato como consecuencia del sismo del pasado 7 de septiembre. La catástrofe se agudiza por la probabilidad de que fuertes lluvias azoten la región en los próximos días. Conforme pasa el tiempo, crece el malestar por lo que se percibe como un discurso oficial de promesas y un abandono, en los hechos, de la población damnificada.

Debe considerarse, además, que el terremoto y los fenómenos meteorológicos se abaten sobre una zona del país que ha padecido con particular intensidad los efectos de la política económica en curso y los vicios del sistema institucional: desdén oficial al campo y a los pueblos indígenas; desempleo, marginación, servicios insuficientes –los de salud y educación, en primer lugar–; cacicazgos; corrupción; carencia de mecanismos de justicia, y prácticas antidemocráticas.

Para complicar más las cosas, en el Istmo de Tehuantepec y en algunas de las zonas afectadas de Chiapas están presentes viejos y nuevos movimientos sociales cuyas raíces de fondo no han sido resueltas por las autoridades federales y locales pero a los que, sin embargo, el discurso oficial ha buscado criminalizar de manera sistemática.

Ese telón de fondo explica las expresiones de repudio que recibió en Juchitán el secretario de Educación, Aurelio Nuño, el martes pasado, pero no las actitudes burocráticas y erráticas exhibidas por las autoridades federales desde hace una semana. Así, mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pedía en San Cristóbal de las Casas no politizar la tragedia, el presidente del Congreso oaxaqueño, el priísta Samuel Gurrión Matías, repartía entre los afectados juchitecos despensas con su nombre y los colores de su partido. En la localidad chiapaneca de Tonalá –que sufrió daños severos– el presidente Enrique Peña Nieto convocó, por su parte, a participar en las tareas de reconstrucción a las empresas constructoras que se encuentran bajo la mira de la opinión pública por las sospechas de corrupción que pesan sobre ellas.

Debe considerarse, con todo, que las tareas de ayuda empezaron desde la noche del jueves 7, sin esperar los trámites oficiales para liberar ayuda y para elaborar censos de daños: los mismos habitantes de las localidades tocadas por el sismo se han organizado para ayudarse unos a otros, remover escombros e improvisar albergues. Es probable, además, que los trabajos de reconstrucción sigan un camino similar. Al final de cuentas, los pobladores de las regiones afectadas tienen una vasta experiencia en sobrevivir a las catástrofes causadas por la naturaleza, pero también a las generadas por las directrices económicas y políticas de las instituciones oficiales.