Fernando Ríos Martínez*

Conforme se acerca el final del sexenio de Enrique Peña Nieto una realidad brutalmente dolorosa va quedando al descubierto. En medio de los discursos triunfalistas y del oneroso y desproporcionado uso de recursos para tratar de desviar la atención, emerge clara y contundente una cifra profundamente dolorosa para quienes defendemos derechos humanos: 106. Ese es el número de personas defensoras que han sido ejecutadas extrajudicialmente desde el primero de diciembre de 2012. Ochenta y una más han sido desaparecidas. Lo peor de todo es que apenas es la punta del iceberg de una situación no suficientemente abordada y mucho menos atendida por el Estado mexicano.

El informe La esperanza no se agota. Situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), documenta el hecho de que no sólo la inseguridad, la violencia y la pobreza han ido en aumento en este sexenio. También las agresiones y las violaciones de derechos humanos contra las personas que defienden las garantías fundamentales han sufrido un grave incremento. Esta realidad abrumadora, al igual la violencia sufrida por periodistas, constituye un reflejo fiel de la indolencia gubernamental y de su ineficacia que pone en riesgo el estado de derecho.

A sólo cuatro años del actual gobierno federal, la Red TDT ha documentado 862 eventos, y cada uno de estos puede presentar uno o más actos. Un evento para una persona o colectivo incluye un periodo determinado que implica situaciones relacionadas. Por ejemplo, en el transcurso de unos días, cuando se presentó una denuncia, pudo haber recibido amenazas de muerte, intrusiones en su correo electrónico o en su teléfono celular y ser agredido físicamente. Cabe destacar que aunque la cifra de por sí es alta, esta documentación es sólo ilustrativa, pues ha habido hechos que demuestran que, en ciertas regiones de este país, denunciar y documentar puede tener costos muy altos.

Es necesario recordar que la situación de personas defensoras y periodistas es un indicador fundamental para conocer el estado de una democracia. Por ello resulta sumamente grave que la persecución, intimidación, judicialización indebida, amenazas, desaparición y asesinatos que viven cotidianamente personas defensoras de derechos humanos y periodistas parezcan una anécdota más, perdida entre horas y horas de anuncios gubernamentales que afirman que no pasa nada.

Setenta y tres por ciento de los actos que constituyen agresiones o violaciones a los derechos humanos documentados en el informe de la Red TDT tienen como perpetrador a un agente estatal. También en muchos en los que se desconoce quién fue el agresor existen elementos para pensar que fue el Estado. Apenas 27 por ciento de los actos ha sido realizado por perpetradores no estatales, como empresas, grupos paramilitares o de choque, que en ocasiones reflejan al menos la inacción del Estado.

Como se ve, el informe implica una herida abierta que debe de ser atendida. Como Red TDT estamos planteando diversas acciones para los siguientes meses orientadas a proteger a personas y colectivos defensores y que podrán ser consultadas en un nuevo micrositio dentro de nuestra página web. Allí estamos concentrando nuestras alertas, como la que emitimos recientemente para las personas defensoras de migrantes y una que estamos preparando sobre Guerrero. Invitamos a que las personas que quieran generar ciberactivismo en favor de personas defensoras de derechos humanos visiten este espacio digital.

Las personas defensoras no somos especiales ni queremos fuero alguno. Todas y todos somos defensores en algún momento de nuestra vida. Para algunos resulta una opción de vida. En cualquier caso es fundamental que la defensa de derechos humanos no sea un factor de riesgo, sino de transformación para una sociedad en crisis. Hoy más que nunca necesitamos creer que el cinismo no es la única opción en este país. En la Red TDT estamos convencidos de que hay otros caminos, por eso decimos que no, la esperanza no se agota. Las 84 organizaciones, en 23 estados de la República, que forman parte de esta red, son la muestra cotidiana de la continuidad de nuestra lucha y nuestro espíritu.