John M. Ackerman

La solicitud de financiamiento de 18 mil 256 millones de pesos para alimentar al elefante blanco llamado Instituto Nacional Electoral (INE) durante 2018 es una agresión inaceptable a la dignidad ciudadana. En lugar de premiar la indolencia, el cinismo y la complicidad fraudulenta de los consejeros electorales, la sociedad tendría que castigarlos con su despido inmediato, así como remplazarlos con nuevos consejeros verdaderamente ciudadanos que presten sus servicios de manera gratuita a la nación.

Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Marco Antonio Baños, Adriana Favela, Benito Nacif, Enrique Andrade, Roberto Ruiz, Pamela San Martín, Jaime Rivera, Beatriz Zavala y Dania Ravel han demostrado ser no idóneos (Aurelio Nuño dixit) para sus altas responsabilidades públicas. Su aval público al fraude electoral cometido en el estado de México y su activo encubrimiento de los ríos de dinero ilícito que fluyeron a la campaña del primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, han confirmado una vez más su falta de independencia y autonomía.

Urge recuperar la legitimidad perdida. Los primeros consejeros ciudadanos del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), liderados por Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti y Ricardo Pozas Horcasitas entre 1994 y 1996, no cobraban salario alguno por su labor. Sin embargo, en apenas dos años lograron mucho más que los actuales burócratas forrados de dinero alcanzarán a hacer en toda su vida.

Cuando el árbitro cuenta con la confianza de la sociedad, las denuncias fluyen de manera natural y los ciudadanos se encargan directamente de hacer valer la ley. Tal y como señalaron los doctores Mathew McCubbins y Thomas Schwartz en su clásico estudio publicado en 1984 en la American Journal of Political Science, las alarmas de fuego, activadas por los ciudadanos en caso de alguna irregularidad, siempre serán más efectivas y eficientes que las constantes patrullas de policía, que son muy costosas y fácilmente burladas por los delincuentes.

El problema con el INE no es entonces una cuestión de cantidad sino de cualidad. En lugar de aventar más dinero a la misma burocracia sin fondo, habría que armar un verdadero ejército de ciudadanos para vigilar las elecciones a lo largo y ancho del país. Pero tristemente las actuales instituciones electorales ven a los ciudadanos como un estorbo, o de plano como adversarios, en lugar de como sus mejores aliados. Con la mano en la cintura, las autoridades desechan sin consideración alguna las denuncias que provienen de la sociedad. Así ha sido el caso, por ejemplo,para las docenas de quejas e impugnaciones presentadas por la iniciativa #NiUnFraudeMás (niunfraudemas.org).

Solamente un relevo inmediato del Consejo General permitiría cortar de tajo con la excesiva burocratización, así como recuperar el espíritu ciudadano original del INE.

Ahora bien, los otros 6 mil 788 millones de pesos que, por mandato de ley, se deben entregar a los partidos políticos durante 2018 sí tienen razón de ser. El gasto es efectivamente elevado, pero es preferible que los institutos políticos dependan del financiamiento público, distribuido de acuerdo con reglas claras y sin condicionamiento político, que el privado, que siempre viene acompañado de chantajes y presiones para posteriores contratos e impunidades. En lugar de reducir el financiamiento público a los partidos, habría que cerrar totalmente la llave de financiamiento privado ilegal por medio de una fiscalización efectiva.

Los sistemas electorales que priorizan el financiamiento privado sobre el público se echan a perder rápidamente, generando contiendas electorales como la del año pasado en Estados Unidos, donde los ciudadanos de aquel país tuvieron que elegir entre dos caras del mismo sistema putrefacto. En contraste, en México el sistema de financiamiento público ha permitido la creación de un partido como Morena con la capacidad de construir una fuerte organización nacional sin la necesidad de pasar la charola con los mafiosos y los oligarcas. (Aun así, todos los funcionarios y representantes de Morena donan la mitad de sus salarios al programa de “escuelas universitarias” gratuitas.

La soberbia de los consejeros electorales no tiene límite. Se burlan de sus críticos y se niegan a asumir responsabilidad alguna por el catastrófico derrumbamiento de la institucionalidad democrática. Sólo falta que utilicen el presupuesto millonario de 2018 para mandar a hacer sus propios óleos para colgar en Palacio Nacional junto a los de sus amigos y cómplices Luis Videgaray y José Antonio Meade.

Como reyes a la víspera de la Revolución Francesa o miembros del politburó antes de la caída del Muro de Berlín, los funcionarios y consejeros más repudiados en la historia reciente buscan inmortalizarse antes de que llegue la tormenta democrática que se prepara para tirarles por la borda el próximo año.

El triste espectáculo daría risa si no fuera tan profundamente indignante. Ha llegado la hora para que el pueblo tome de nuevo las riendas de la historia.