En respuesta a las amenazas de intervención militar emitidas por Donald Trump el viernes pasado, el presidente Nicolás Maduro ordenó a las fuerzas armadas venezolanas que realicen un ejercicio cívico militar de defensa integral armada de la patria los días 26 y 27 de este mes. De manera adicional a las maniobras castrenses que tendrán lugar en todo el país, el mandatario llamó a sus simpatizantes a prepararse para defender a la nación de lo que denunció como gesto imperialista.

Pese a que las amenazas referidas resultan en todo punto inaceptables, es necesario considerar que se encuentran marcadas por el creciente empantanamiento que experimenta en el ámbito interno la presidencia del magnate, en el cual es ya característico emitir declaraciones sin mayor consecuencia para fines de conservación electorera de su mermada base social. Como muestra de este manejo declarativo oportunista y demagógico basta apuntar el escándalo en que se vio envuelta la administración republicana debido a la ambigüedad presidencial ante el vandalismo criminal desplegado el sábado 12 por supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia; una ambigüedad que, a la postre, Trump se vio obligado a abandonar para condenar sin cortapisas a los racistas. En este contexto de acorralamiento interno del empresario neoyorquino, los amagos contra Venezuela deben verse ante todo como una apuesta para azuzar a los sectores nacionalistas recalcitrantes y concentrar la atención mediática en el frente exterior.

Sin embargo, fuera del territorio estadunidense, los discursos intimidatorios de Trump tienen efectos graves y, en ocasiones, contraproducentes. Ese es el caso del amago de la Casa Blanca dirigido al gobierno venezolano, pues los gobernantes derechistas de la región, injustificablemente alineados en un frente diplomático urdido por Washington, tuvieron que desmarcarse del despropósito intervencionista.

Con todo, el historial de agresiones militares de Estados Unidos impide tomar a la ligera las amenazas del presidente, por lo que un segundo impacto ha sido el de orillar al régimen bolivariano a la realización de los ejercicios militares en cuestión. Aunque se tratara de mera demagogia, la bravata del inquilino de la Casa Blanca podría introducir en la región sudamericana una lógica militarista absolutamente indeseable, por la cual sería absurdo culpar a Venezuela, y que posee el potencial para desatar una escalada belicista perniciosa para todas las partes, sin otro beneficiario que los fabricantes de armamento, cuyo mayor exportador global es el propio Estados Unidos.

Ante esta posibilidad, los vecinos de la nación petrolera deben entender los ejercicios militares anunciados dentro de una lógica de legítima autodefensa y no entrar en una espiral de mutua desconfianza. Es de particular importancia prevenir tal escenario, pues en el pasado reciente se vivió una lamentable carrera armamentista entre Colombia y Venezuela cuando el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe Vélez se arrogó el papel de contrapeso regional al chavismo.

Cabe esperar que el presidente Juan Manuel Santos, quien hasta ahora ha hecho de la búsqueda de la paz la principal bandera de sus dos periodos de gobierno, evite la tentación de responder con medidas que contribuyan a incrementar las tensiones y, en cambio, actúe en consonancia con el hecho de que Venezuela no está amenazando a nadie.