Desde finales del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó a hacer públicas la extensión y las dimensiones de la corrupción política auspiciada por Odebrecht –el gigantesco corporativo brasileño de la construcción–, se supo que esa empresa había entregado sobornos millonarios en dólares a cambio de contratos a diversos funcionarios mexicanos, tanto en el sexenio pasado como en el actual. Posteriormente, antiguos ejecutivos de la firma que decidieron colaborar con las instancias judiciales brasileñas afirmaron que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin recibió pagos por 5 millones de dólares para autorizar diversas obras y que durante la administración de Javier Duarte en Veracruz la corporación sudamericana urdió una trama para apoderarse de los negocios del agua y la electricidad en esa entidad, para lo cual recibió diversas autorizaciones del gobierno federal.

Ayer, el rotativo carioca O Globo dio a conocer confesiones de Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, según las cuales Lozoya Austin, quien en 2011 se desempeñaba como asesor de inversiones privado, aconsejó a Odebrecht que formara una empresa a fin de participar en la licitación para construir una nueva refinería en Tula. Ya como presidente de Pemex (cargo que ocupó entre 2012 y 2016), el funcionario recibió, a decir del declarante, diversos sobornos que totalizaron 10 millones de dólares, ya no para contratos de construcción de una nueva refinería –obra que fue cancelada al comienzo del gobierno de Enrique Peña Nieto–, sino para remozar la existente, por lo cual la empresa brasileña recibió 115 millones de dólares.

Los señalamientos del extranjero tienen el correlato de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual detectó, en su revisión de la cuenta pública de 2015, numerosas inconsistencias, faltantes y gastos injustificados en Pemex, precisamente en áreas regidas por los contratos con Odebrecht. En abril pasado una investigación periodística dio cuenta de que tanto Pemex como la Secretaría de la Función Pública (SFP) estuvieron al tanto de anomalías parecidas en contratos obtenidos por la empresa brasileña en el sector público mexicano.

Por lo demás, las revelaciones sobre las prácticas ilegales de Odebrecht han tenido gravísimas consecuencias políticas en diversos países latinoamericanos. En Perú, por ejemplo, se han librado órdenes de aprehensión en contra de dos ex presidentes (Alejandro Toledo y Ollanta Humala) por su presunta participación en la red de corrupción de Odebrecht; en Brasil el escándalo ha sido ampliamente utilizado en la construcción del proceso en contra del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva; en Ecuador, el vicepresidente ha sido inhabilitado por acusaciones análogas, y en otras naciones altos funcionarios han sido formalmente imputados.

En México, en cambio, tanto la SFP como la Procuraduría General de la República parecen no tener prisa alguna en empezar a esclarecer los señalamientos en contra de Lozoya, como no la han tenido en el caso de la abultada corrupción que puede sospecharse fundadamente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a raíz del desastre ocurrido el 12 de julio en el Paso Exprés de Cuernavaca, una obra que se construyó a un precio injustificablemente inflado, se entregó en forma extemporánea y se desarrolló, por lo que ha podido saberse, con múltiples irregularidades y omisiones.

En ambos casos y en muchos otros, la parsimonia de las instituciones obligadas a investigar los posibles desvíos de fondos públicos causa un grave daño a la credibilidad gubernamental esn su conjunto.