Luis Linares Zapata

Los dos principales partidos de izquierda españoles (PSOE e IU-Podemos) pugnan por modificar la vigente Constitución de su país. Una pretensión aceptable. La piensan desbalanceada en la asignación de curules para beneficiar al entramado del franquismo y la derecha. Los votos emitidos en la ruralidad de ese país cuentan más, según esas normas, que los de los electores urbanos. Debido a esto el partido ahora gobernante (PP), que recibe fuerte apoyo de esas regiones, ha conducido los asuntos públicos durante los terribles tiempos de la recesión que desde hace años los aqueja. Carentes de la legitimidad que da la mayoría calificada, indispensable para modificaciones legislativas de fondo, los del PP impusieron medidas drásticas que afectaron, para mal, el bienestar de la población. Durante este oscuro periodo se han perdido millones de empleos y se alteró, drásticamente, la expectativa de futuro de gran parte de la juventud española, grupo de edad afectado de manera por demás injusta. Con apenas unas cuantas décadas de aprobada (1976) se desea hacerle cambios que orienten a España por nuevos derroteros que incluyen, entre otros asuntos en feroz disputa, los cruciales aspectos autonómicos.

En México, nuestra Constitución ya centenaria, ha recibido cambios continuos que, en verdad, la hacen bastante diferente a la aprobada en el lejano 1917 revolucionario. Dichas modificaciones han incidido en el mismo articulado básico, en el mero núcleo que dio sustento al llamado pacto social. Artículos cruciales, como el tercero o el 123, modificados hace poco; el preciado 27 que, según la élite priísta en el poder, fue modernizado cuando, en realidad, se trató de una maniobra privatizadora impuesta desde arriba y muy a pesar de carecer, por completo, del apoyo popular indispensable. En tiempos recientes se han escuchado varias propuestas para instalar una Constituyente y dar forma integral, coherente, al clausulado. Un texto que no sea un agregado de ocurrencias o un conjunto de adecuaciones para los negocios y privilegios de la élite pública y privada. No se ha podido avanzar en este cometido debido, entre otras condicionantes de estructura, a la debilidad de la oposición partidaria y a los imperantes deseos de continuidad del injusto modelo actual con sus beneficiarios incluidos. Sin embargo, hacia adelante, mucho dependerá de las necesidades de una futura mayoría que lleve a cabo el trabajo creativo indispensable para empatar, a la nación entera, con estos demandantes tiempos. En el atropellado proceso de cambios y masivos reclamos de justicia distributiva, por más necesarios que sean, no se ha formalizado ninguna intentona que solicite la intervención externa para imponer dichos cambios.

La joven Constitución venezolana, hechura del chavismo fue, sin duda, apreciado avance en variados aspectos sobre el abusivo orden prevaleciente en ese país. La corrosiva práctica secular de intercambiar posiciones mediante acuerdos cupulares entre los dos partidos mayoritarios, llegó a un final indispensable. La rampante y extendida corrupción prevaleciente en esos días, para permitir tales turnos en la presidencia y las legislaturas, no podía continuar y se disolvieron en una triste, pequeña y casi ridícula secuencia. La pretensión de elegir una Constituyente es ahora una pieza estratégica del chavismo que pretende auxiliar en la salida al conflictivo presente venezolano. La asamblea elegida bajo las reglas actuales y en control de la oposición, está actuando de manera beligerante para dislocar el orden prevaleciente desde el mismo momento que se instaló. Pretende, además de gobernar por sí misma, destituir al Poder Ejecutivo del presidente Maduro, electo por mayoría. La retórica opositora ha profundizado sus críticas acerbas al chavismo y ha caído en el patrocinio de abierta violencia callejera. No se reprime, como se alega, la manifestación popular; se combate con la fuerza pública, eso sí, a los pequeños grupos de provocadores bajo consigna, similares a los llamados anarquistas locales. A la inflamada retórica opositora se le suman, además, acosos de variada índole, algunos con efectos masivos como es la evidente y coordinada campaña de propaganda en curso. Al boicot y la manipulación especulativa (alimentos y medicinas) se agregan las ya inocultables maniobras de corte económico, internas e internacionales bajo patrocinado estadunidense.

Tal como van las cosas no se ven salidas negociadas a la presente crisis. Pareciera que la oposición, en su radical narrativa que tilda de tirano a Maduro, arriesga fórmulas violentas de alcance trágico. Tumbar por la fuerza a un régimen que consideran –sin base alguna– dictatorial no es ruta aceptable. Llamar, como activamente lo hace la oposición al golpe de Estado o la intervención armada del exterior, es traicionar cualquier visión soberana. Lo triste de este embrollo, que debe ser negociado por los propios venezolanos y por nadie más, es la postura absurda y sometida que ha adoptado el gobierno mexicano. Plegarse al desconocimiento de la nueva Asamblea Constituyente venezolana –que tiene el respaldo de millones de ciudadanos– es, cuando menos, un desplante cínico e ilegítimo. Voltear a ver la propia realidad donde se trampea, desde el poder y de manera abierta, la propia vida democrática electoral, se impone como alternativa de prudente cuan necesario talante.