Ana María Aragonés

En las negociaciones del TLCAN en 1993, el tema de la migración de trabajadores fue absolutamente arrinconado por la parte estadunidense ante la propuesta mexicana de que formara parte de los acuerdos paralelos. Carlos Salinas de Gortari explicó en su momento que las condiciones que ponía Estados Unidos para incorporar a la migración en el tratado eran inadmisibles, pues tenían que ver con perder soberanía en el rubro del petróleo mexicano. Lo que puede señalarse es que, como ya se perdió la soberanía sobre el petróleo, ahora ya no hay excusa, los trabajadores migrantes deben ser considerados en la renegociación que se anuncia y no puede seguir siendo un tema tratado en forma totalmente unilateral por el vecino del norte.

Los estadunidenses fueron renuentes a incorporar a los migrantes porque con el TLCAN podían acceder a todo tipo de fuerza de trabajo, sobre todo en el sector agrícola. Una mano de obra que permitiría incrementar sus niveles de competitividad en los mercados internacionales, y así mantener su hegemonía en la exportación agroalimentaria. La obtuvieron con facilidad, pues, por un lado, el presidente Clinton reforzó la frontera México-Estados Unidos implementando un conjunto de programas que hacían complicado los pasos tradicionales de trabajadores. Por ello los migrantes mexicanos tuvieron que buscar nuevas rutas, mucho más peligrosas, surgiendo la llamada “industria de los coyotes” y más adelante vendrían los tratantes de seres humanos. Los costos y las tragedias para estos hombres y mujeres los obligó a cambiar la tendencia de la circularidad por la permanencia en el país vecino bajo la figura del trabajador indocumentado. Para México la firma del TLCAN supuso, entre otras cosas, la devastación del campo, pues, por un lado los subsidios en México descendieron estrepitosamente, mientras Estados Unidos los elevaba, afectando la competitividad de los productos mexicanos. Ante esas condiciones, México tomó la decisión equivocada de importar productos agrícolas. Fue miel sobre hojuelas para los granjeros del vecino país, porque exportaron sus productos y recibieron trabajadores mexicanos; claro, indocumentados de alta vulnerabilidad, muy favorable para la economía del país vecino.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su estrategia para obtener apoyo de sus habituales electores promoviendo temor y miedo y criminalizando a los migrantes, está generando no sólo tragedias de horror para los migrantes que sufren las deportaciones, pero al estar disminuyendo su flujo, se ha puesto en evidencia que se trata de una fuerza laboral altamente productiva y que ha llenado las vacantes que la economía estadunidense requería. Surgen importantes pronunciamientos contra la enorme escasez de trabajadores para los campos de Estados Unidos. Se señala que, aún aumentando el salario más allá de los 10.50 dólares en que está fijado, no hay trabajadores estadunidenses que quieran realizar la dura labor de trabajar la tierra. Personas como Sara Frey –quien de joven trabajó los campos en Illinois y ahora opera numerosas granjas en ese estado y en otros– han señalado que llevamos años arrastrando la escasez de trabajadores y la situación es muy clara si el Congreso no resuelve el problema: o importamos alimentos o importamos trabajadores. Según la American Farm Bureau Federation, siete de cada 10 trabajadores agrícolas a escala nacional no tienen papeles. Es decir, que se trata de un rubro que depende casi por completo de los extranjeros, básicamente mexicanos.

Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ofrecerá este año 15 mil visas adicionales H2B que se otorgan a trabajadores no agrícolas de temporada para una serie de negocios, entre los que se encuentra la Trump Organization, que contrata trabajadores extranjeros. Kelly señaló que la decisión de añadir más visas de trabajo era una demostración del compromiso del gobierno para apoyar a los negocios estadunidenses.

Las pláticas para la renegociación o modernización del TLCAN se llevarán a cabo en unas cuantas semanas, pero no puede repetirse el error de dejar de lado del cuerpo asesor a: organizaciones laborales, ambientales, de derechos humanos, pero sobre todo asociaciones de migrantes, entre ellas el Centro de Derechos del Migrante, Inc (CDM) organización trasnacional de derechos laborales dedicada a garantizar el acceso a la justicia para las y los trabajadores migrantes basados en México, y que como señala se siente indignado porque el presidente de Estados Unidos haya abandonado a las y los trabajadores migrantes.

Si bien los negociadores mexicanos tendrán un papel central en la conformación del acuerdo, el Congreso mexicano debería hacer su trabajo y realizar diagnósticos, discusiones y propuestas, pero lamentablemente la mayoría de sus políticos tienen como única preocupación las cuotas y los cuates que les puedan pavimentar 2018.