Magdalena Gómez

El Congreso Nacional In­dígena (CNI) difundió hace tres días la denuncia del Consejo Indígena del Trueque (CIT), sobre la agresión al Tianguis del Trueque en Tianguistenco, estado de México, por parte de un grupo encabezado por un supuesto jefe supremo de Coatepec. El CIT está integrado por nahuas, tlahuicas y otomíes de la región. Asisten cada martes a intercambiar leña por alimentos de primera necesidad. En su relato se asoma la punta del iceberg del neoindigenismo, que pese a ser la versión gatopardista del tradicional, resulta necesario considerar. Más aún, ante la proximidad de un proceso electoral, el de 2018, en el que el CNI y su Consejo Indígena de Gobierno (CIG) han decidido participar, a través de su vocera María de Jesús Patricio, como candidata independiente a la Presidencia de la República.

Así, señalan en la denuncia referida: “El pasado 1° de ju­lio, ante unas 50 personas, en San Nicolás Coatepec, el alcalde de Tianguistenco, tomó protesta al ‘Consejo Municipal Indígena Plu­ricultural de Tianguistenco’, sin consultar a las comunidades, ni contar con actas de asamblea correspondientes, por lo que se agrava la situación en muchos municipios donde han puesto a ‘tlatoanis’ y ‘jefes supremos’ que responden a intereses de partidos y han causado serios conflictos en las comunidades por su desmedida ambición de poder y convertirse en títeres del sistema”.

El gobernador indígena del estado de México e integrante de la CNC es Fidel Hernández, quien junto con Hipólito Arriaga Pote, gobernador nacional indígena, promueve el llamado gobierno nacional de los pueblos indígenas, señalando que son electos por usos y costumbres y dicen ser autoridades ancestrales.

A primera vista, evocan lo que fue en los años setenta el impulso oficial a los llamados consejos supremos, sólo que hoy buena parte de los pueblos indígenas están organizados y resisten el embate de despojo sobre sus territorios, al tiempo que construyen, en los hechos, auténticos espacios de autonomía. También este movimiento, que creó el CNI hace 20 años, si bien tenían trayectorias previas, fue con el alzamiento zapatista y la postura de su dirigencia, que contribuyó de manera decisiva en la lucha por el reconocimiento jurídico a sus derechos como pueblos, expresados en los incumplidos acuerdos de San Andrés.

La paradoja es que la llamada gubernatura cobija su discurso en lo que constitucionalmente logró el zapatismo y el CNI, y que fue objetado por ellos debido a las distorsiones y mutilaciones de lo que se había pactado en los referidos acuerdos. A través de las redes digitales encontramos a dicha gubernatura nacional en la entrega de bastón de mando a su jefe supremo, sí, lo adivinó: Enrique Peña Nieto.

También podemos conocer el discurso de las supuestas autoridades ancestrales, que, nada casual, promueven desde el estado de México su movimiento y, también nada casual, cuentan con el respaldo económico de instituciones federales. Afirman contar con gobernadores indígenas en todo el país, electos por el dedazo, que es uso y costumbre de la clase política. Declaran que luchan por la autonomía que está en la Constitución, en el artículo 2º, y llegan a plantear que son un gobierno nacional paralelo al federal. Su lucha está en dos frentes: los presupuestos que les asignan en las entidades y la exigencia al INE para que les garantice normas especiales de manera directa, sin partidos políticos para acceder a diputaciones federales y estatales y senadurías.

Cuentan con asesores en todo el país que les elaboran documentos jurídicos, donde transcriben cuanta norma existe en materia indígena. Los presentaron recientemente al Foro Permanente de la Organización de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, denunciando al INE. Tienen cerca de cuatro años con su plan, se mueven por todo el país y fuera de él, sin hacer demasiado ruido, hasta ahora.

Sin embargo, en los hechos, usurpan a los pueblos indígenas, distorsionan el sentido y función de los mayores, los sabios, las abuelas, los abuelos y gozan del aval no tan implícito de espacios oficiales. Por ejemplo, el INE acreditó a su membresía nacional la participaron en una consulta sobre distritación electoral indígena, con apoyo de la CDI, planeada como lo saben hacer, con un protocolo, por supuesto. En fin, todo un escenario de contraste con el CNI, el cual, si bien ha reiterado que no contenderá en la elección, para buscar votos, sí puede verse afectado por el activismo promotor de voto comunitario a cambio de dádivas, provocando divisionismo, como el que representa la gubernatura nacional indígena. La estrategia del CNI es otra, busca dar la voz, a los que desde arriba no se escuchan, menos en tiempos electorales; promover con las comunidades la organización, pero también mostrar a la sociedad, los impactos generalizados del modelo extractivista, no sólo para pueblos indígenas y, de paso, acercarles el espejo del racismo ­prevaleciente.