José Blanco

Este año el PRI cumpliría 87 años de parasitar en línea continua al estado de México. El centro de poder de las dinastías políticas que han desgobernado a esa entidad federativa, como es sabido, es Atlacomulco. Nacido en Santiago Tianguistenco, Carlos Hank González fue, no obstante, el líder indiscutible de ese cártel.

La pauta de vida que ha conducido la existencia política de ese opulento grupo es obra de la inteligencia y la moral de ese mexiquense mitificado; dice así: un político pobre es un pobre político. Todo atlacomulquense aprende esa pauta desde la cuna, y la enorme mayor parte de los políticos priístas y congéneres la aprenden también, y la han practicado sin freno y acuciosamente. La fuente de esa práctica son los recursos públicos, que se combinan de mil modos con sus negocios privados.

Pese a la corrupción que conlleva la pauta de vida aludida, sus numerosos adeptos andan por el mundo con la espalda erguida. Así son. Inclusive pareciera que a legiones de priístas y congéneres les ha sido extendida una carta de naturalización de Atlacomulco, debido al mérito que significa el haber superado a sus generaciones anteriores ¿No tienen los Duartes y Yunes, entre mil ejemplos, alma de atlacomulquenses?

Lord Acton advirtió: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente; este ha sido justamente el caso del cártel referido, mantener el poder absoluto 87 años. La Wiki nos cuenta esta historia: maestro de primaria y político priísta, presidente municipal de Toluca, gobernador del estado de México, regente de la Ciudad de México y titular de las secretarías de Turismo y de Agricultura durante el salinismo, Hank González fue un líder político en su partido, en cuyo círculo más cercano figuraban José López Portillo, Arturo El Negro Durazo, Carlos Salinas de Gortari y Roberto Madrazo Pintado, entre otros priístas eminentes. Debido a que era hijo de un alemán inmigrado, no fue presidente de la República; una disposición constitucional de entonces así lo disponía. Imposible saber de qué se salvó México debido a aquella disposición.

La riqueza de los miembros del cártel es incuantificable, pero tiene su contraparte en una pobreza inicua en una entidad que posee el segundo lugar por el tamaño absoluto del PIB por estado. El gráfico que hemos incluido en este artículo ilustra los niveles de ingreso inferior a los mínimos de bienestar y a los niveles de pobreza alimentaria que ahí se viven.

En febrero de 2016, y apoyado en cifras del Inegi de 2015, El Financiero publicó: el estado de México fue la entidad con una mayor incidencia, con 62 mil 160 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes: inverosímil.

A continuación El Financiero incluye la tabla que enlista a los 10 estados con la más alta corrupción de México, un país que a su vez es el más corrupto de los miembros de la OCDE: 1) estado de México; le siguen Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Morelos, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Puebla. La máxima hankeana desplegando todo su potencial.

Pero el estado de México también tiene otros récords imborrables: ocupó en 2015 el lugar 27 de las 32 entidades federativas por el nivel de su tasa de crecimiento económico. Una política económica miserable.

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad publicó el estudio Incidencia de los delitos de alto impacto en México. Con el permiso del Observatorio, tomo algunos datos de su acucioso análisis. Durante 2015, estado de México, Veracruz, Guerrero y Tabasco acumularon 61.57 por ciento de los secuestros denunciados en el país, mientras un año antes dicha proporción era de 56.77 por ciento, lo cual indica que el ilícito está concentrándose en estos territorios.

Al igual que otros ilícitos de alto impacto las denuncias de robos con violencia del país en 2015 tendieron a concentrarse en el estado de México y en el Distrito Federal, aportando casi 40 por ciento del total del país.

El respeto a los derechos humanos, parece haber perdido aún más espacio frente al actuar de distintos cuerpos de seguridad; no bastaron los casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Tlatlaya, estado de México, e Iguala, Guerrero, registrados en 2014, para que los responsables de la seguridad realizaran los cambios pertinentes para regular el uso de la fuerza del Estado.

El estudio está repleto de datos brutales sobre secuestros, homicidios dolosos, robos con violencia, feminicidios y más.