La mañana de ayer el reportero de La Jornada Jesús Aranda, quien cubre la fuente de las fuerzas armadas, fue impedido de ingresar a un congreso internacional sobre obesidad, organizado conjuntamente por las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Salud, realizado en el Centro Militar de Ciencias de la Salud, ubicado en el espacio de la antigua Escuela Médico Militar. En el momento en que Aranda se disponía a abordar el autobús que trasladó a los informadores del estacionamiento a la sede del encuentro, un oficial de la Dirección General de Comunicación Social de esa dependencia le comunicó que no podría hacerlo porque no había sido invitado.

Como elemento de contexto es importante mencionar que desde inicios del presente año la oficina de prensa de la Sedena dejó de enviar a La Jornada comunicados e invitaciones a sus actos públicos, sin ofrecer explicación alguna.

Lo ocurrido ayer constituye un injustificable y abierto ataque a la libertad de expresión del reportero y de este medio, así como una afectación al derecho a la información de los lectores de La Jornada. Más preocupante aún, quienes tomaron la decisión de excluir a nuestro reportero del congreso referido parecen ignorar el sentido de lo público, como lo fue el encuentro referido y como lo son los recursos presupuestales utilizados para la organización y realización de esas reuniones.

Es inevitable formular la hipótesis de que los actos y las omisiones de la Sedena que obstruyen el libre ejercicio periodístico de este diario y de sus informadores son consecuencia de un desagrado por la información y la línea editorial que se difunde y expresa en nuestras páginas. Pero aun si esa suposición resultara cierta, no es obstaculizando el acceso a ceremonias y reuniones públicas como debe manifestarse tal desagrado, sino exponiéndolo abiertamente, para lo cual el espacio de La Jornada siempre ha estado abierto. Es esa la forma adecuada de ventilar las incomodidades del poder público ante el trabajo de los medios en un espíritu republicano y democrático.

En ese mismo espíritu, gobernantes y funcionarios civiles y militares deben comprender que el papel de los informadores no es agradar a quienes detentan el control de las instituciones, sino contar la realidad, y hacerlo sin compromisos con nada ni nadie más que la verdad y los segmentos sociales que componen sus audiencias.

Desde otra perspectiva, el oficio periodístico en México se interna por un escenario degradado e intransitable en el que, por una parte, los reporteros son asesinados por la delincuencia organizada, como ocurrió a nuestros compañeros Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas, y por otra, una institución castrense impide hacer su trabajo a los colegas de los muertos.

Es necesario y demandable que la Sedena ofrezca una explicación pública sobre lo ocurrido ayer en el Centro Militar de Ciencias de la Salud y sobre los intentos por excluir a este diario de las actividades oficiales de la dependencia.