La captura del ex gobernador veracruzano Javier Duarte, ocurrida el sábado en Panajachel, Guatemala, ha sido festejada por diversos actores políticos y vista desde algunos ámbitos como un éxito en el combate a la impunidad y el reforzamiento del estado de derecho. No es para menos, si se recuerda la escalofriante trayectoria del ahora detenido con fines de extradición durante los casi seis años en los que estuvo al frente del gobierno estatal: incontables homicidios, desapariciones y secuestros que en la inmensa mayoría de los casos no tuvieron castigo y ni siquiera averiguación, que dejaron una cauda de decenas de miles de familias enlutadas y cuya impronta siniestra ha venido surgiendo en decenas de fosas clandestinas.

Por si esto fuera poco, la administración duartista se caracterizó por el manejo del todo opaco de los recursos públicos, que se tradujo, a su vez, en la desaparición de decenas de miles de millones de pesos, en una gravísima afectación a los presupuestos de varias instituciones –la Universidad Veracruzana y el Instituto de Pensiones del Estado, para empezar–, en intolerables descuidos en los hospitales y en una situación de quiebra de las finanzas de la entidad. Desde esa perspectiva, pues, la detención de Duarte en tierras guatemaltecas pareciera abrir cierta perspectiva de esclarecimiento sobre la tragedia que se ha abatido en Veracruz durante las pasadas dos administraciones estatales.

No puede ignorarse, por otra parte, que el gobierno duartista (2010-2016) se desarrolló a mitades entre los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que la Federación no quiso o no pudo controlar, ni siquiera investigar, los múltiples señalamientos sociales que referían la corrupción imperante en Veracruz, la connivencia con grupos delictivos, el descontrol de las corporaciones policiales y el enriquecimiento vertiginoso de diversos funcionarios del primer círculo del gobernador.

Un botón de muestra de estas actitudes omisas es el hecho de que la Unidad de In-teligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estuvo al tanto de miles de movimientos inusuales, algunos calificados como preocupantes, en cuentas bancarias del gobierno veracruzano, como lo reconoció públicamente el propio Calderón el año pasado. El político michoacano alegó que no hizo nada al respecto porque fuimos detenidos por la maquinaria de justicia, que nos prohibió seguir adelante.

Algo similar ocurrió en Tamaulipas durante el gobierno de Tomás Yarrington (1999-2005), detenido en Florencia, Italia, unos días antes que Duarte. El clamor social que refería supuestos vínculos del titular Ejecutivo estatal con grupos de la delincuencia organizada no fue atendido ni poco ni mucho por las presidencias de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox.

Así, más allá de especulaciones sobre la oportunidad y las circunstancias en que se produjeron ambas capturas, la de Yarrington y Duarte, lo cierto es que exhiben la inoperancia, si no es que la total ausencia, de me-canismos de fiscalización capaces de garantizar la vigencia del estado de derecho en las entidades de la República, o bien la falta de voluntad política para aplicarlos.