En vísperas del Día Mundial del Agua, que se conmemora hoy, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) reconoció que existe una situación de escasez del líquido en la capital del país, la cual se traduce en que un millón 600 mil habitantes únicamente reciben agua por tandeo –en horarios establecidos o mediante el servicio de pipas– y a 3 millones 200 mil les llega con falta de presión durante las noches. En lenguaje llano, esto significa que la mitad de los capitalinos no tiene garantizado que haya agua al abrir la llave, problema que se agudiza y extiende ante cualquier desperfecto en la red o en algún pozo.

Si no fuera suficiente desafío proveer el recurso vital a una de las ciudades más pobladas y dinámicas del mundo, la capital mexicana tiene complicaciones debido a su naturaleza física. No sólo es que cada día sea más difícil y costoso extraer el agua del subsuelo para bombearla hacia hogares y negocios, sino que al hacerlo se amenaza la viabilidad misma de la ciudad a mediano plazo: no puede ignorarse que esta megalópolis se encuentra asentada en la cuenca del antiguo lago de Texcoco, y la extracción del agua implica retirar los ya comprometidos cimientos que la sostienen.

Estos problemas y su potencial destructivo se ven multiplicados por la imparable explosión inmobiliaria en curso, palpable para todos los capitalinos en los sitios de construcción que a lo largo y ancho de la ciudad anuncian la inminente presencia de un gigantesco centro comercial con altos requerimientos de agua, o bien de torres de vivienda que contribuyen a incrementar una densidad poblacional ya insostenible en amplias zonas de la capital.

Por otra parte, los relacionados con el acceso a los recursos hídricos distan de ser los únicos conflictos generados por el crecimiento descontrolado de la mancha urbana: congestión vehicular, polución, daños a la salud, una burbuja de precios que expulsa a la población más vulnerable hacia barrios periféricos son otros tantos modos en que se produce una marcada disminución de la calidad de vida en la Ciudad de México.

Dado que ninguno de estos factores puede escapar al conocimiento de las autoridades, resulta difícil plantear una justificación al proyecto de desarrollo urbano que alienta como eje central la construcción indiscriminada de megaproyectos privados. Además, por su falta de racionalidad, tal política da pie a que en una sociedad como la mexicana se sospeche la presencia de fenómenos de corrupción, connivencia o complicidad entre los funcionarios y las empresas constructoras, sospecha por demás fundada en el historial de las autoridades de todos los niveles y que sólo puede conjurarse si éstas adoptan medidas que garanticen la máxima transparencia de sus decisiones.

Con independencia de las posibles irregularidades que deban sancionarse, queda clara la urgencia de generar una política racional de desarrollo urbano que considere a todos los habitantes de la capital desde una perspectiva sostenible para garantizar tanto la satisfacción de sus necesidades vitales como la viabilidad misma de la urbe a largo plazo.